Los ocho más odiados

El pasado martes, ocho senadores decidieron archivar la reforma laboral que venía impulsando el Gobierno Nacional. En los sectores sociales vinculados al mundo del trabajo, estos congresistas han sido bautizados como los ocho más odiados.

Se trata de una combinación de representantes de la extrema derecha, herederos de estructuras asociadas a la parapolítica, operadores de grupos religiosos que utilizan la fe como plataforma para obtener poder político, y figuras oportunistas que oscilan en sus decisiones según los favores que puedan obtener. Todos ellos coincidieron en bloquear una reforma que buscaba recuperar derechos laborales perdidos hace más de dos décadas y promover avances significativos en materia de protección social, especialmente para las mujeres.

Entre los puntos más destacados del proyecto estaban la restitución del pago del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche (hoy vigente desde las 9), mecanismos de inclusión laboral para personas con discapacidad, restricciones para el despido de mujeres víctimas de violencia de género, la ampliación de la licencia de paternidad como medida para reducir la brecha de cuidados, la formalización de más de 50 mil madres comunitarias y sustitutas adscritas al ICBF, el reconocimiento del carácter laboral del contrato de aprendizaje, y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, quienes hoy ejercen su labor en condiciones precarias.

Todo esto fue lo que esos ocho senadores negaron al pueblo trabajador de Colombia.

Lo más grave es que los argumentos utilizados para justificar su decisión carecían, en su mayoría, de sustento técnico y evidenciaban más bien motivaciones ideológicas y económicas que no fueron expuestas abiertamente. Se habló de un supuesto desequilibrio en la reforma, de una falta de concertación con los empresarios y de preocupaciones por los efectos sobre los trabajadores informales y las pequeñas empresas. Incluso se citó una encuesta carente del mínimo rigor metodológico, presentada por la senadora Ana Paola Agudelo, del partido MIRA, como justificación de su voto negativo.

Uno de los puntos más reiterados por los opositores a la reforma fue que el proyecto favorecía desproporcionadamente a los trabajadores y desatendía los intereses del empresariado. Sin embargo, esa narrativa omite varias realidades estructurales del mercado laboral colombiano.

En primer lugar, Colombia ha sido históricamente uno de los países más peligrosos para el ejercicio de los derechos sindicales. La violencia antisindical sigue siendo una práctica persistente y alarmante: uno de cada dos sindicalistas asesinados en el mundo es colombiano.

En segundo lugar, no puede hablarse de un desequilibrio laboral favorable a los trabajadores en un país que constantemente figura entre los más desiguales del planeta, precisamente debido a la precariedad de los ingresos de la mayoría de sus trabajadores, especialmente quienes perciben el salario mínimo.

En tercer lugar, quienes hoy exigen consenso y participación empresarial en una eventual reforma, guardaron silencio cuando, en 2002, se aprobó la ley 789 que redujo los recargos nocturnos y los pagos por trabajo en días festivos, y que además flexibilizó los mecanismos de despido. En aquel entonces, la concertación no fue una exigencia, y se impuso una reforma laboral a favor del capital sin mayor debate ni participación de los sectores sindicales.

Esa doble vara evidencia una lectura interesada del “equilibrio” que se reclama. Si existe hoy un desequilibrio en el mundo del trabajo, es en detrimento de los trabajadores, no a su favor. Y la decisión de estos ocho senadores —los más odiados, según el juicio de muchos sectores populares— fue precisamente profundizar esa desigualdad, no corregirla.