SETP: Sistema Estratégico de Trapecistas Políticos de Ibagué

En Ibagué, el tiempo parece curar todas las heridas… incluso las provocadas por la negligencia estatal. La ciudadanía ha aprendido a soportar con estoicismo el incumplimiento sistemático de promesas, la mediocridad institucional y el reciclaje de los mismos rostros en cargos clave, aunque no aporten más que clientelismo y discursos vacíos.

El ejemplo más reciente de este deterioro estructural está en el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), una entidad que debería marcar el rumbo de la movilidad moderna en la capital tolimense, pero que hoy parece atrapada en las redes del trapecismo político, ese ejercicio donde lo importante no es ejecutar, sino sostenerse, saltando de cargo en cargo.

El nombramiento que consolidó el retroceso

Hace poco más de un año, la alcaldesa Johana Aranda designó como gerente del SETP a Aquileo Medina, un político de carrera sin experiencia en movilidad ni en planificación urbana. Su único mérito: la cercanía con el exalcalde Andrés Hurtado.

Lejos de aportar a la consolidación del sistema de transporte, Medina convirtió la entidad en un feudo burocrático. En lugar de técnicos y especialistas, llegaron cuotas políticas, en su mayoría procedentes de El Espinal, para ocupar cargos que requieren conocimiento técnico y gestión transparente. Se estima que más de $1.700 millones han sido comprometidos en contratos de prestación de servicios, sin que el avance real del sistema supere el discurso.

Obras sin avance, contratos con historia

A finales de 2024, el SETP adjudicó contratos por $35.000 millones para la recuperación de la malla vial de Ibagué. Al frente de los procesos estuvieron dos nombres conocidos por los escándalos del pasado: Diego Herrán y Sharon Guzmán, protagonistas del frustrado puente de la calle 60, convertido en emblema del derroche y la opacidad durante el gobierno Hurtado.

No sorprende que, tras ganar la licitación, los contratistas tardaran más de siete meses en iniciar las obras. ¿Las razones? No hay claridad. Y el temor es que, como ya ha ocurrido en múltiples casos, se pidan adiciones presupuestales y prórrogas, mientras las calles de Ibagué siguen convertidas en un campo minado para sus habitantes.

A la par, el gerente Medina intentó lanzar el proyecto de modernización de la red semafórica. El contrato ya venció, pero no hay ni un semáforo nuevo en funcionamiento. Consultado por los medios, el funcionario afirmó que el proyecto “avanza”, aunque no presentó ninguna evidencia. La evasiva ya no sorprende: es el estilo de gobierno impuesto por quienes entienden la administración pública como una extensión de su comité de campaña.

El poder detrás del telón

Lo más grave no es solo la inacción, sino la manera como se protege. Ante la intención de la alcaldesa Aranda de relevarlo del cargo, Medina apeló a sus conexiones: la representante Olga Beatriz González y el senador Miguel Barreto, ambos con influencia en Bogotá.

Medina, con un salario mensual de $16 millones, ha justificado su permanencia con argumentos que rozan lo descarado: necesita el sueldo para consolidar su pensión y debe mantener a su “equipo” espinaluno en el SETP. La burocracia, al parecer, también tiene beneficios sociales... para los amigos del poder.

¿Y la solución?

Si la administración Aranda tuviera verdadera voluntad de rescatar al SETP, el camino sería evidente: nombrar a un profesional con experiencia, conocimiento técnico y compromiso con la ciudad. Uno de los nombres que resuena con fuerza es el del ingeniero Leopoldo Alfonso, exfuncionario de la Alcaldía, retirado a la fuerza por su confrontación con el clan Barreto. Alfonso, miembro del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, conoce a fondo el sistema y podría liderar una transformación real.

Sin embargo, el panorama no es alentador. Todo indica que el equilibrio político pesa más que el desarrollo urbano. Aranda parece dispuesta a sacrificar el futuro de la movilidad ibaguereña por no romper alianzas frágiles, pero necesarias para sostener su gobernabilidad.

Una ciudad en pausa

Así, el SETP de Ibagué, que debería ser un motor de modernización y eficiencia, se ha convertido en un Sistema Estratégico de Trapecistas Políticos. Una entidad donde se cuelgan contratos sin supervisión, se reparten puestos como trofeos de guerra y se posterga indefinidamente el progreso.

La ciudadanía, mientras tanto, transita entre huecos, semáforos inservibles y promesas rotas, aguardando —quizás con demasiada paciencia— que algún día se gobierne para servir y no para sostenerse.