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La carrera Quinta, el eje vial más importante de Ibagué, se convirtió en el retrato más nítido del desgobierno, la ineptitud y la desfachatez de los contratistas públicos.
Lo que debería ser una intervención emblemática para mejorar la movilidad de la ciudad terminó en un caos monumental: una obra mal planeada, peor ejecutada y totalmente descontrolada.
A la alcaldesa Johana Aranda le estalló la herencia en la cara. Pero en lugar de poner orden, parece haber optado por la comodidad del silencio. Los contratistas que dejaron los tentáculos del exalcalde Andrés Hurtado siguen haciendo de las suyas: trabajos lentos, sin cronograma, sin nocturnidad y sin sanciones.
#Editorial | 🤨 La vergüenza de la carrera Quinta: una obra lenta, desordenada y sin dolientes: https://t.co/uvOc6owejA pic.twitter.com/NZm2sMoxfJ
— El ⭕lfato (@Elolfato) November 16, 2025
Mientras tanto, los ciudadanos pagan el precio con trancones infernales, accidentes, estrés y negocios quebrados.
La obra avanza a paso de tortuga. Nadie en el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) ha tenido la autoridad —ni el carácter— para exigir un plan serio de movilidad, obligar a los contratistas a trabajar de noche o al menos coordinar con la Secretaría de Movilidad para mitigar el desastre.
El resultado: un corredor vial convertido en campo minado, con zanjas abiertas, huecos sin señalizar y un tráfico colapsado en plena temporada navideña.
Los mismos contratistas, las mismas mañas
El negocio de la carrera Quinta lleva las mismas firmas y el mismo olor del pasado: los contratistas y amigos del hurtadismo.
El consorcio Vías JCSR, representado por Juan Camilo Silva Rodríguez, se ganó el contrato por $35.399 millones.
¿Y quién aparece de nuevo detrás de todo? El infaltable Juan Carlos Salazar, el llamado “zar de las interventorías” en el Tolima, beneficiado una y otra vez con los proyectos más cuestionados de la ciudad.
Salazar fue el interventor del puente de la calle 60, del fiasco de la calle 103, de las vías del Limonar y de las cubiertas deportivas que se caen antes de inaugurarse.
Ahora repite, de la mano de Diego Herrán, el operador de confianza del hurtadismo, a quien en el sector de la ingeniería local ya se le conoce como “el Orlando Arciniegas del grupo de Hurtado”.
Las licitaciones, según fuentes internas de la Alcaldía, se cocinan en las mismas oficinas, con los mismos beneficiarios y los mismos favores políticos de siempre.
Una administración sin carácter
Lo más grave es que nadie pone en cintura al contratista ni al interventor.
El Gobierno Municipal se volvió un espectador de lujo: observa los errores, justifica los retrasos y calla ante el atropello.
La alcaldesa Aranda parece más preocupada por no incomodar a los herederos políticos de su antecesor que por defender el interés público.
Y así, la ciudad entera paga las consecuencias de una administración timorata, sin autoridad ni visión.
La obra avanza sin sentido: rompen tramos al azar, mezclan frentes, dejan huecos abiertos por semanas y ni siquiera tienen un plan de ejecución sectorizado.
Es un monumento al desorden y a la falta de planeación.
El colapso de la movilidad y la confianza
Ibagué llegó al final del año con la movilidad en crisis y el comercio agonizando.
El colapso de la Quinta no es solo un problema técnico: es un símbolo del desprecio por la ciudad, de cómo la politiquería se impone sobre la eficiencia y cómo los amigos del poder siguen exprimiendo los recursos públicos.
El SETP, que debería ser un modelo de gestión moderna, se convirtió en un ejemplo de lo que no debe hacerse: un sistema que no transporta, no planifica y no ejecuta.
El ciudadano, una vez más, queda atrapado entre la incompetencia del gobierno y la codicia de los contratistas.
Que alguien gobierne
Ibagué no aguanta más improvisación.
La alcaldesa Johana Aranda tiene la obligación de asumir el control político y técnico de esta obra, de exigir resultados y de sancionar a quienes incumplen.
No hacerlo la convierte en cómplice por omisión del desastre que hoy padece la ciudad.
La carrera Quinta debía ser la vía de la transformación urbana. Hoy es la ruta del atraso, la corrupción y la desidia.
Una obra que simboliza exactamente lo que Ibagué no quiere seguir siendo: una ciudad gobernada por los mismos contratistas y los mismos errores de siempre.
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