La Fiscalía del Tolima y su inesperada celeridad: ¿Justicia selectiva?

La Fiscalía seccional del Tolima ha sido, durante años, objeto de críticas por la lentitud en la investigación de casos de corrupción y defraudación de las finanzas públicas. A pesar de las constantes denuncias publicadas por EL OLFATO, muchas de las investigaciones iniciadas con base en estos reportes terminaban en el olvido o, peor aún, engavetadas sin mayor avance.

Sin embargo, algo parece haber cambiado en la dinámica de esta seccional, históricamente rezagada en la lucha anticorrupción. Recientemente, este medio de comunicación ha obtenido evidencias de que algunos fiscales en Ibagué han empezado a actuar con sorprendente rapidez, aunque no precisamente en los casos más emblemáticos y urgentes.

No se trata de la investigación sobre las polémicas compras de la alcaldesa Johana Aranda y su esposo Juan Arturo Gutiérrez, quienes adquirieron una camioneta Mercedes Benz y una casa en El Vergel, inmuebles que levantaron sospechas por su elevado costo. Tampoco hay avances en el caso del exalcalde Andrés Hurtado, cuya propiedad, tras una millonaria remodelación, estaría avaluada en $5.000 millones.

Nada ha ocurrido respecto a la denuncia de la desviación de casi $3.000 millones del fallido puente de la 60, un proyecto inconcluso que benefició presuntamente a la familia del contratista Olaguer Agudelo. Mucho menos sobre el desvío de más de $1.000 millones de la Secretaría de Cultura para favorecer a la familia de la exsecretaria Diana Londoño.

En cambio, la Fiscalía ha demostrado una inusitada diligencia en las denuncias presentadas contra EL OLFATO. En menos de seis meses, un fiscal local tramitó las denuncias y citó a dos audiencias de conciliación con apenas una semana de diferencia. Las acciones legales fueron promovidas por la alcaldesa Aranda y su esposo, evidentemente molestos por las investigaciones periodísticas que destaparon sus millonarios movimientos financieros y los cuantiosos aportes realizados durante la campaña de 2023.

Este inusual proceder podría interpretarse como una forma de acoso judicial, una maniobra destinada a frenar las investigaciones en curso sobre el hurtadismo. EL OLFATO tiene conocimiento de que casos similares no han sido tratados con la misma celeridad. Prueba de ello es una denuncia interpuesta por este medio hace seis años contra un director de un medio local, cercano al exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. A la fecha, esa denuncia no ha avanzado, permitiendo que dicho personaje continúe con sus ataques personales sin consecuencia alguna.

Resulta paradójico que mientras las denuncias de corrupción en la administración pública parecen no avanzar, las acciones legales contra la prensa crítica prosperen con rapidez. Es evidente que existe una estrategia para intentar silenciar a este medio de comunicación. Primero fue el intento de soborno a la asistente de la Dirección General de EL OLFATO, ofreciéndole contratos en la Alcaldía de Ibagué. Luego vino el sicariato digital, con videos difamatorios en redes sociales y grupos de WhatsApp, presuntamente promovidos desde el entorno político de Andrés Hurtado. Ahora, el siguiente paso parece ser el acoso judicial.

Desde esta casa editorial dejamos claro que no se conciliará con la alcaldesa Johana Aranda ni con su esposo Juan Arturo Gutiérrez. Nos mantenemos firmes en cada línea publicada, con la convicción de que la libertad de prensa y el derecho a la información están por encima de cualquier presión política o judicial.

Redoblaremos nuestros esfuerzos en la unidad investigativa para seguir desenmascarando la corrupción en el Tolima, sin importar el color político de sus responsables. Invitamos a quienes tengan pruebas de irregularidades a compartirlas de manera confidencial a través del correo [email protected].

La verdad es nuestra mejor defensa y no cederemos ante intentos de censura.