Ibagué: la ciudad sitiada por la inseguridad

Ibagué se hunde en una espiral de violencia y desorden que sus autoridades parecen incapaces de contener. Un joven asesinado en las discotecas de la calle 60, robos a mano armada en plena luz del día, fleteros que operan con impunidad y centenares de motociclistas que circulan en contravía, consumen drogas y cruzan separadores como si las normas fueran un chiste, son la radiografía de una ciudad que vive al límite.

Mientras tanto, la administración municipal insiste en que las cifras de la Policía Metropolitana reflejan una disminución de los delitos. Ese relato oficial, que suena a consuelo estadístico, no se corresponde con la realidad que padecen a diario los ciudadanos. En las calles no se percibe la supuesta mejoría: la sensación de inseguridad crece y la confianza en las instituciones se erosiona.

A esta desconexión entre el discurso y los hechos se suma un elemento crítico: 155 cámaras de seguridad están fuera de servicio. La ciudad vigila con los ojos cerrados. En esas condiciones, el control del espacio público es una quimera y los delincuentes actúan con la certeza de que difícilmente serán identificados.

La alcaldesa Johana Aranda no puede limitarse a cambios burocráticos como relevar a su secretario de Gobierno, Francisco Espín. El problema es estructural y requiere decisiones de fondo. El concejal Jorge Bolívar propone militarizar sectores críticos y restringir la circulación nocturna de motocicletas; otros piden una presencia policial constante en las calles. Son ideas que, al menos, reconocen la gravedad del momento.

Pero no basta con consejos de seguridad convertidos en cafés de diagnóstico ni con informes de reducción de delitos que solo tranquilizan a los escritorios. La mandataria debe salir a las calles, escuchar a los comerciantes, acompañar los operativos, imponer autoridad y, sobre todo, garantizar que la Policía Metropolitana asuma su tarea de control permanente.

Ibagué necesita un viraje decidido. No se trata de extender horarios de rumba —error de administraciones pasadas que solo multiplicó el desorden— sino de restablecer el principio básico de la convivencia: la autoridad. De lo contrario, la ciudad seguirá siendo un territorio en el que los criminales marcan la agenda y los ciudadanos pagan la factura del miedo.