El país donde las empresas cierran más rápido de lo que nacen

Colombia vive una paradoja inquietante. Mientras el discurso oficial insiste en impulsar la economía popular y fortalecer el empleo, los datos muestran una realidad mucho más cruda: durante 2024, se cerraron 183.436 empresas en todo el país, un 36% más que en el año anterior. Al mismo tiempo, la creación de nuevas empresas cayó un 2,8%, con 297.475 registros frente a los 305.997 del año previo, según Confecámaras.

Estos cierres no son cifras neutras: implican empleos que se pierden, inversiones que se esfuman y familias que quedan sin sustento. Solo con una estimación conservadora, considerando que cada microempresa formal sostiene en promedio tres empleos, estaríamos hablando de más de 550.000 puestos de trabajo formales potencialmente afectados. En un país donde la informalidad supera el 55% y el desempleo juvenil roza el 20%, perder ese volumen de empleo formal es una tragedia silenciosa.

El problema no es solo económico, es político. La falta de seguridad jurídica y las señales erráticas del gobierno han sembrado desconfianza en el sector empresarial. Las reformas propuestas —en especial la reforma laboral— no han sido fruto de consensos técnicos, sino de una visión ideologizada del trabajo que penaliza al empleador, encarece la formalidad y reduce los incentivos para contratar. Mientras se debate sobre más recargos, menos flexibilidad y restricciones a la tercerización, cientos de pequeños negocios cierran por no poder sostener sus costos.

Colombia necesita empresas, no enemigos del empresariado. Necesita más empresarios generando empleo, no más trámites, recargos y amenazas de reformas mal diseñadas. La empresa privada es, nos guste o no, el motor real de la economía. Representa el 85% del empleo formal, el 90% del PIB y la casi totalidad del recaudo tributario. Si ese motor se ahoga, no habrá reforma social ni redistribución que aguante.

La reorganización empresarial se ha convertido en un recurso desesperado para muchas compañías que no quieren morir. Pero no podemos normalizar que sea el único camino. Lo que se necesita es un entorno donde crear empresa no sea un acto heroico y donde mantenerla viva no sea una batalla diaria contra la incertidumbre jurídica, la presión fiscal y la falta de crédito.

Hay que devolverle al empresario colombiano lo que necesita para arriesgarse: reglas claras, seguridad jurídica, estabilidad tributaria y confianza en las instituciones. Sin eso, la promesa de un país más justo se quedará solo en discurso. Porque no puede haber justicia social sin un ecosistema productivo que la financie. Y sin empresas, no hay ni economía ni futuro.