El Ministerio de Salud no puede seguir evadiendo su responsabilidad con las droguerías

El borrador del decreto que busca regular la apertura y traslado de droguerías en Colombia es una clara muestra de cómo un ministerio puede pretender gobernar sin gobernar. Bajo el argumento de cumplir un mandato judicial, el Ministerio de Salud propone delegar totalmente en los entes territoriales la aprobación de nuevas droguerías. Pero lo hace sin establecer criterios técnicos, sin garantizar seguridad jurídica y sin asumir el rol rector que le corresponde.

El documento no fija reglas claras. No define procedimientos, ni criterios unificados, ni rutas de revisión o apelación para quienes quieran emprender o expandir su negocio farmacéutico. Lo que deja en su lugar es un vacío normativo, donde cada alcaldía o gobernación podrá decidir, a su antojo, si permite o no la instalación de una droguería.

Esto no solo genera inseguridad jurídica; también abre la puerta a la discrecionalidad y, en escenarios más graves, al clientelismo y la corrupción. ¿Cómo se garantiza que las decisiones se tomen bajo parámetros justos si no hay una norma técnica nacional que los oriente?

Pero hay un asunto de fondo aún más grave: la falta de definición del gobierno frente a la decisión de la Corte Constitucional, que en la Sentencia C-479 de 2024 declaró vigente el parágrafo que habla de la existencia de una distancia razonable entre droguerías. Esa sentencia, al revivir una norma de los años 60, le entrega al Ministerio la facultad de reglamentar cómo se interpreta esa “no aglutinación”. ¿El resultado? El Ministerio evade esa responsabilidad y prefiere pasarle la pelota a los territorios, como si no se tratara de un tema nacional y de altísimo impacto.

¿Entonces hay distancia mínima entre droguerías o no? ¿En qué condiciones? ¿Con qué justificación técnica? ¿Cuáles son los parámetros? El país no lo sabe. El sector no lo sabe. Y el Ministerio no lo define. Ese silencio no solo es irresponsable, es peligroso.

Los empresarios farmacéuticos no pedimos favores. Exigimos lo mínimo: reglas claras, estables y justas. Sin eso, el desarrollo del sector se paraliza y el mensaje que se envía es desolador: invertir en Colombia es apostar a lo incierto.

Si el gobierno no se pronuncia con firmeza y claridad frente a la aplicación de esta sentencia y frente a las reglas del juego para el sector, estará dejando a su suerte a miles de microempresarios que han construido sus negocios con esfuerzo, legalidad y compromiso con la salud pública.

La Corte ya habló. Ahora le toca al Ministerio responder. Con decisión, no con evasivas. Con normas, no con delegaciones. Con liderazgo, no con indiferencia.