Un cambio de gabinete que no cambia a Ibagué

Los recientes movimientos en el gabinete de Johana Aranda no constituyen una renovación profunda que priorice lo técnico ni anticipan cambios significativos en las dinámicas de gobierno. En lugar de una transformación sustancial, estos ajustes parecen responder a una rotación de fichas dentro del mismo tablero clientelista que ha gobernado el municipio durante los últimos años.

Estos cambios inicialmente fueron leídos como una señal de ruptura con el exalcalde Andrés Hurtado. La salida de varios de sus alfiles y familiares alimentó la idea de una fractura interna. Sin embargo, con el paso de los días, esa hipótesis ha perdido fuerza: lo que se percibe es que el distanciamiento no ocurrirá. Por cada aliado de Hurtado que sale, otra igual de cercano ocupa su lugar. Más que un distanciamiento real, lo que se observa es una recomposición del mismo entramado político y esta ha sido su lógica a lo largo de todas las rotaciones que ha realizado desde su posesión.

En lo que va de sus 17 meses de gobierno, la Alcaldesa ha realizado al menos 3 remezones que han implicado más de 15 cambios en cargos directivos, lo que evidencia una profunda dinámica de improvisación, malas decisiones, falta de liderazgo, inestabilidad, caos interno en los procesos administrativos, y como resultado, una administración que no está a la altura de dar los resultados que merece y necesita Ibagué. Lo único que ha logrado inaugurar son los megaproyectos que llevaban años ejecutándose, y aunque sea una verdad dolorosa y difícil de aceptar, sea cual sea la persona que hubiese asumido la alcaldía en este periodo, le hubiese tocado inaugurarlos.

Ahora bien, algunos de los cambios más representativos en la última “crisis de gabinete” son: Sebastián Perdomo fue reemplazado por Felipe La Rota en el IMDRI; Magda Herrera dejó la Secretaría General y su lugar lo ocupa Iván Quesada y Leandro Vera, uno de los tantos provenientes del gobierno anterior, quien ya ha asumido varios cargos en esta Administración, ahora estará en la Secretaría de Desarrollo Social. A esto se suma el nombramiento de Marco Matheus Saavedra, el tercer secretario que tendrá Infraestructura en menos de un año y medio, pero quien además tiene una investigación disciplinaria vigente por retrasos y presuntas fallas constructivas en la ejecución de un contrato de más de 11 mil millones de pesos.

Esta lógica ya se había hecho evidente desde finales de 2024, cuando la Alcaldesa designó como gerente de la USI a Sandra Milena Jaramillo Ayala, esposa del polémico exdirectivo de la Cámara de Comercio Brian Bulla, y nombró en la Gerencia de la Gestora Urbana a Carlos José Corral, pese a estar inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos. ¿Ese es el “fortalecimiento institucional” que promete este gobierno?

El verdadero problema no son los nombres, sino las prácticas que hay detrás. Todo indica que la reconfiguración del gabinete no obedece a las necesidades urgentes del municipio ni a criterios de gestión administrativa, como se ha querido justificar, sino que prolongan el mismo esquema de cuotas y lealtades heredadas que ha caracterizado la gestión pública de Ibagué en los últimos años. pues los nombramientos siguen obedeciendo estrictamente a vínculos políticos y no a criterios de idoneidad, cada movimiento en su gabinete responde al cálculo de mantener contenta una coalición sin visión ni proyecto para el municipio. En este modelo, la ciudadanía solo cuenta como estadística electoral o como espectadora impotente de un poder que no la representa.