Campañas ruidosas, ideas mudas

En Colombia, tan pronto terminamos una campaña, nos alistamos para la siguiente. Razón por la cual, desde ya, se empiezan a mover las fichas del ajedrez político para las elecciones al Congreso de la República a realizarse el próximo 8 de marzo de 2026, según el calendario electoral.

A hoy, pareciera que la prioridad es la conformación de listas, no las ideas que estas deben representar. En teoría, los partidos políticos existen para canalizar intereses ciudadanos hacia la institucionalidad. En la práctica, en Colombia se han convertido en estructuras clientelares que privilegian la logística sobre el contenido. La pregunta fundamental: ¿Qué necesidades deben ser prioridad en la agenda del Congreso de la República? ha sido sustituida por un pragmatismo electoral vacío de todo propósito legislativo.

Hay una desconexión total entre cómo se hacen las campañas políticas al Congreso de la República y las funciones en las que se van a desempeñar los electos. Las campañas se diseñan como plataformas asistencialistas: brigadas de salud, jornadas jurídicas, ferias de servicios, entrega de kits escolares o mercados. En los eventos políticos hay conciertos, rifas, comida y transporte gratuito. Las propuestas son escasas, y cuando existen, se formulan en abstracto, sin rigor y en ocasiones sin viabilidad. 

Este modelo ha contribuido a un preocupante desconocimiento ciudadano sobre el rol de los congresistas. ¿Qué hace un representante a la Cámara?, ¿Para qué se elige un senador? Estas preguntas, fundamentales para una democracia representativa, no tienen respuestas claras en la mayoría del electorado. No es culpa del votante. Es el reflejo de una cultura política donde la pedagogía brilla por su ausencia. En parte porque los mismos candidatos no se interesan en explicarlo, y en parte porque el sistema institucional ha fracasado en formar políticamente a sus ciudadanos.

Vale la pena recordar que el Congreso tiene funciones estructurales para el funcionamiento del Estado: legislar (es decir, crear, reformar o derogar leyes); ejercer control político sobre el Gobierno Nacional; aprobar el presupuesto general de la nación; y reformar la Constitución, entre otras. También representa a la ciudadanía, no de manera simbólica, sino sustantiva, al canalizar las demandas sociales en propuestas legislativas; y liderando la gestión de recursos y proyectos para sus regiones.

Este desacuerdo abismal entre la forma en que se elige el Congreso y las funciones que le son propias solo puede corregirse con una apuesta seria por la pedagogía democrática. No basta con promover el voto; es necesario formar electores críticos, conscientes del impacto institucional de su decisión. Se debe enseñar no solo cómo votar, sino por qué es fundamental elegir bien. Un buen candidato no es quien más da, sino quien mejor representa, quien entiende el rol legislativo y está dispuesto a asumirlo con responsabilidad, conocimiento y ética pública.

Si queremos transformar el Congreso, debemos empezar por transformar la manera en que lo elegimos. Si aspiramos a una corporación legislativa a la altura de los desafíos del país, debemos exigir más que campañas ruidosas: necesitamos ideas, coherencia y, sobre todo, memoria. Porque mientras sigamos votando sin saber para qué, seguirán gobernando quienes sí saben por qué: porque la democracia es rentable cuando nadie la entiende.