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El acuerdo realizado la semana pasada en Ibagué entre la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, y el alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, con relación a las obras inconclusas de los escenarios deportivos, es el final de una actuación jurídica equivocada y torpe por parte del Municipio que traerá más daño y perjuicio para nuestra ciudad.
Muy sencillo. Jaramillo se comprometió a liquidar los 13 convenios suscritos a raíz del documento Conpes 3812 del 03 de julio de 2014, lo que conlleva ineludiblemente a devolverle a Coldeportes los dineros no ejecutados y disponibles en bancos, los dineros obtenidos por ejecución de las pólizas de garantía de los contratos y los que ingresaron y/o ingresarán por concepto de multas impuestas a los contratistas.
Liquidar los convenios y devolver los dineros implica que necesariamente el año entrante el Gobierno Nacional priorice de nuevo las obras e inversión mediante un nuevo documento Conpes, en cuyo trámite se deben agotar nueve etapas y en su elaboración, discusión y aprobación participan desde el presidente de la República, varios de los ministros, Planeación Nacional y el gerente del Banco de la República.
Y, una vez aprobado el Conpes, realizar de nuevo 12 convenios interadministrativos entre Coldeportes y el Municipio de Ibagué para la culminación y/o reconstrucción de los escenarios, excepción hecha del convenio por la remodelación del estadio, que ya se ha dado por terminado. Suscritos y legalizados los convenios, podrían de nuevo regresar los dineros que el alcalde prometió devolver.
Este trámite, en pleno afán para construir las obras y cumplir como subsede de los XX Juegos Deportivos, tuvo los siguientes tiempos: el Conpes inició su trámite en febrero de 2014 y fue aprobado el 03 de julio del mismo año; en noviembre de 2014 se viabilizaron los proyectos y solo hasta diciembre del mismo año se suscribieron los primeros convenios interadministrativos. Es decir, un año de duración, contando con la necesidad y apoyo del Gobierno Nacional, primer responsable en la realización de las competencias deportivas, cuya urgencia ya no existe.
A lo anterior hay que agregarle que el primer semestre del año entrante es un período electoral y en agosto habrá nuevo presidente, ministros y director (E) de Coldeportes, que en nada garantiza el cumplimiento del acuerdo, la realización de los convenios y retorno de los dineros por reintegrar.
¿Si el interés mayor era y es la terminación de los escenarios e impedir que las obras se vieran afectadas por el estado expósito en que se hallan conllevando a una posible demolición, por qué optar por el camino más largo y no la declaratoria de caducidad y liquidación unilateral de los contratos como anticipadamente se les sugirió?
Las respuestas han sido evasivas y superfluas, que evidencian algo más de fondo que ya empieza a relucir.
Twitter: @jiramirezsuarez
