Síguenos en Google News
Luego del nuevo suicidio consumado en el puente de la variante, en el que tristemente una madre se lanzó al vacío junto a su hijo de 5 años, la Alcaldía de Ibagué aprobó los recursos para la creación del denominado “frente de seguridad por la vida”, iniciativa que ya se había acordado desde hace 6 meses en el Concejo Municipal cuando se aprobó, mediante Acuerdo, la Política Pública de Salud Mental.
El propósito de este consiste, principalmente, en la instalación de cámaras y sensores en el puente, para optimizar el monitoreo del lugar y la intervención inmediata ante un intento de suicidio.
Por supuesto que la medida carece de elementos preventivos, no obstante, sí podría mejorar el margen de reacción en la zona.
De hecho, la propuesta que planteamos hace algunos meses, de donar al municipio en calidad de comodato, sin remuneración, cámara de seguridad con alcance de 360 grados para instalar en los accesos del puente, sigue vigente.
Sin embargo, algunos leales contratistas y defensores pagos de la gestión gubernamental, que la catalogaron, para ese entonces, como un “propuesta chimba”, hoy la impulsan y defienden. Bien por ellos.
Pese a lo anterior y su tardía implementación, la administración municipal también debería considerar otros móviles y circunstancias a la hora de distribuir sus esfuerzos, pues en los métodos utilizados para la tentativa del suicidio.
Según el boletín de suicidios del Centro Municipal de la Secretaría de Planeación, aunque el “lanzamiento al vacío” es quizá uno de los más mediáticos y traumáticos para el imaginario colectivo, representó para el primer trimestre del año 2021 el 18,84% de los casos, ubicándose por debajo de los intentos de suicidio con armas cortopunzante y los de intoxicación, estos últimos son el principal mecanismo con un 53% de los casos.
Por otro lado, la acción del Estado en el escenario local aún no se adapta a las circunstancias del presente, ya que la política pública vigente data del año 2014.
Quizá formular una política pública de salud mental actualizada y pensada para las particularidades del municipio, es un poco más pertinente que adoptar la política nacional, lo cual se hizo el pasado mes de abril con el acuerdo 008 de 2021.
Fue en este escenario en donde se agregó la iniciativa del “frente de seguridad por la vida”. Sobra decir que la política nacional de salud mental y SPA se aprobó en noviembre del 2018, es decir, el documento de planeación no tiene presente los retos y las variables que trajo consigo la Pandemia del 2020.
Sumado a lo anterior, sí es necesario, con o sin documento de planeación, mejorar la oferta institucional, su eficiencia y su enfoque.
No puede seguir siendo posible y admisible que la línea de atención a la salud mental en Ibagué en algunas ocasiones no funcione y en otras, recomiende los mismos tres padres nuestros que el sacerdote pone de penitencia cuando se acude al sacramento de la confesión.
Mi credo es católico, no obstante, es un hecho objetivo que se requiere otro tipo de atención, además, es necesario recordar que la ciudadanía es diversa y el Estado colombiano es laico, no todas las personas profesan la misma religión.
No podemos esperar que los hechos trágicos pongan la agenda, el efecto pandemia a incrementado exponencialmente los niveles de deterioro a la salud mental, ya viene siendo hora de prestarle mucha atención al asunto, invertir y trabajar en el tema.
Además de complementarlo con otros, como las condiciones socioeconómicas de los ibaguereños, la tasa de desempleo, la percepción de seguridad, la imagen del municipio, entre otros, pues recordemos, el suicidio tiene un origen multifactorial y las circunstancias tienen a más de una persona con la mente insana.
