No es la negación, es la prevención. No repitamos los errores del pasado

¿Cuáles son las garantías de no repetición para los municipios del sur del Tolima, luego de la firma del Acuerdo de Paz en las actuales circunstancias de reconfiguración del conflicto armado a nivel nacional, cuando varios grupos armados organizados reafirman su interés por controlar partes del territorio de esta región tolimense?

¿Cuál ha sido el papel de las autoridades civiles y militares en el aseguramiento de dichas garantías?

¿Por qué a pesar de las advertencias y recomendaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo desde 2018, y aún en 2019, así como de las varias denuncias de la ciudadanía y de los ex combatientes, no se actuó a tiempo para detener el crecimiento y actuar de los grupos armados organizados que hoy afectan el bienestar y el goce efectivo de los derechos humanos de los habitantes de varios municipios del Tolima?

¿Por qué se habla de desmantelamiento de grupos armados organizados cuando, a pesar de la captura de algunos de sus presuntos integrantes, es evidente su persistencia?

Todas estas preguntas, aun sin respuestas, quedaron de las conclusiones de nuestro Informe “Nuevas y viejas violencias. Desafíos para la no repetición del conflicto armado en el sur del Tolima” , liderado por el Centro de Estudios Regionales y el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima.

Entre el 2018 y el 2020, la caracterización del deterioro de la seguridad en el sur del Tolima pasó de atribuírsele a la delincuencia común (microextorsión, atraco, abigeato), a reconocer la incursión de grupos armados organizados en el territorio (violaciones de derechos humanos).

Esto se puede ver en los informes de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), y de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), y en las declaraciones de prensa del Gobernador Ricardo Orozco.

Sin embargo, en nuestro Informe desvirtuamos la hipótesis de la “incursión” de los grupos desde otros departamentos (como turistas que vienen y se van), y presentamos evidencia consistente que permite confirmar su persistencia en el sur del Tolima, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz.

En ese sentido, básicamente actualizamos los datos presentamos por la Defensoría del Pueblo en Alerta Temprana 016-19 de abril de 2019, a través de la cual se advirtió sobre el escenario de riesgo para las poblaciones de los municipios de Planadas, Ataco, Rioblanco y Chaparral, debido a dos situaciones:

“El crecimiento de grupos armados ilegales que presuntamente son disidencia al proceso de paz realizado entre las FARC y el Gobierno nacional, y, (…)

Estructuras armadas sin identificar que estarían intentando controlar territorios a través de la extorsión y la intimidación a la población civil” (Defensoría del Pueblo, AT 016-19, 2019).

En ese momento, la emisión de la Alerta Temprana generó una reacción negativa por parte de las autoridades civiles (departamentales y municipales) y de la Fuerza Pública, quienes al principio desestimaron el escenario de riesgo descrito. Antes que la paz y los derechos humanos, su preocupación fue la afectación que la Alerta le podía provocar a la economía cafetera.

La Defensoría tenía razón, pero desafortunadamente no se acataron sus recomendaciones. Al omitir la situación, se desecharon los recursos disponibles del Estado para proteger a la población, lo cual facilitó el escenario de riesgo que terminó concretándose:

Panfletos amenazantes contra líderes sociales, extorsiones, denuncias por la presencia de grupos armados, reclutamiento forzado, asesinatos de ex combatientes de las FARC en proceso de reincorporación, tráfico de drogas, desplazamiento forzado por intimidación, incautación de material de guerra y capturas de miembros activos de estructuras ligadas a las disidencias de las FARC.

En total, son cuatro estructuras cuya presencia en el territorio confirmamos en nuestro Informe: la columna móvil Dagoberto Ramos, el frente Ismael Ruíz, la compañía Adán Izquierdo, estos últimos parte del Comando Coordinador de Occidente, y el frente Alfonso Cano, de las Farc-Ep Segunda Marquetalia.

Todas, estructuras bien establecidas en el occidente del Huila (al oriente nuestro), en el norte del Cauca (en límites con nuestro sur) y en el oriente del Valle del Cauca (al occidente nuestro).

Hoy, contra toda evidencia, de nuevo, las autoridades civiles y militares vuelven a cerrar filas en torno al negacionismo: no solo no aceptan la presencia de estos grupos en la región (insisten en la versión de que incursionan desde otros departamentos), sino que restringen su rango de acción a los Consejos de Seguridad - una vez que se presentan los hechos - y a la limitada acción de la fuerza pública.

Este enfoque, orientado a la reacción y no a la prevención, incurre en dos falacias:

La primera es creer que con la captura de un actor, por más relevante que sea, se va a desmantelar toda una estructura armada. No pasó con las FARC, y no pasará con sus disidencias, máxime cuando operan en varios territorios a través de jerarquías bien establecidas.

De hecho, la literatura comparada lo que evidencia es que una política “exitosa” de capturas, si no se acompaña de otras medidas de gobierno, podría terminar acelerando dinámicas perversas como el reclutamiento forzado.

La segunda falacia es hacer creer que una captura es sinónimo de protección a la población, lo cual no solo no es cierto, sino que pone la responsabilidad de la seguridad de manera exclusiva en la Fuerza Pública.

Como recomendamos en nuestro Informe, y lo había recomendado ya hace 18 meses la Defensoría del Pueblo, es fundamental que la gobernación del Tolima, en conjunto con la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía, asuma la dirección de la política de seguridad del departamento, y que lo haga a partir de un enfoque preventivo, no reactivo, que equilibre la fórmula de militarizar el territorio con un enfoque social y de respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, insistimos en dos cosas: i. articular con los mecanismos de gobernanza no estatal que hoy por hoy representan alternativas a la ausencia o debilidad del Estado, particularmente en lo relacionado con la seguridad. Un ejemplo clave en este sentido son las guardias indígenas, pero no para que sean instrumentalizadas como redes de informantes, sino como aliados en la construcción de entornos seguros para la población civil.

Y ii. la creación de una mesa interdepartamental e intermunicipal de asuntos de seguridad humana, que incluya no solamente cuestiones relacionados con las consecuencias de la confrontación y la acción militar persuasiva y disuasiva del Estado, sino la garantía de derechos colectivos, económicos, sociales y culturales de la población en riesgo. 

Solo si dedicamos todos nuestros esfuerzos a atender el riesgo, y no a la negación del mismo, podremos garantizar el dividendo de tranquilidad que se logró con el Acuerdo Final de Paz en el sur del Tolima.

Esta es la segunda columna de opinión del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima sobre los riesgos para la paz y la seguridad en el sur del Tolima. Lea la primera aquí.