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Afrontamos como humanidad un reto para el cual no estábamos preparados y que involucra absolutamente todos los sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, existe una clara asimetría en la forma como desde el gobierno nacional y las administraciones locales, se han planteado esquemas de ayudas, auxilios y apoyos para atender a la inmensa población afectada por las medidas tomadas con el fin de contener la propagación de esta pandemia, que hoy nos tiene confinados en nuestros hogares.
Nadie desconoce que las primeras ayudas deben estar orientadas para la atención humanitaria de las familias mas vulnerables y en situación de pobreza en nuestro país. Sin embargo, este segmento poblacional históricamente ha sido beneficiario de programas estatales como “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción”, “Colombia Mayor” o el más reciente: “Ingreso solidario”, no son los únicos damnificados por esta emergencia económica y social que vivimos.
Aquí también esta (o estamos) los pertenecemos a la clase media de nuestro país, aquellos a quienes por criterios mas políticos que técnicos, nos ubican en los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4, y que está compuesto por trabajadores independientes, comerciantes, microempresarios, técnicos, tecnólogos, profesionales, entre otros, los que nos encontramos en un limbo jurídico y gubernamental, cuando de ser beneficiarios de ayudas gubernamentales se trata.
Somos muchos los “invisibles” que, con esfuerzo, creamos empresa, luchamos a través de nuestras actividades económicas para reducir la pobreza, generamos empleo, pagamos impuestos y servicios públicos con tarifas diferenciales y contribuimos ampliamente con el sostenimiento del aparato estatal, pero pasamos desapercibidos para los planes de apoyos en medio de esta crisis pandémica.
Hoy los “invisibles” del medio, estamos igualmente afectados que los sectores más vulnerables del país, pues sin duda alguna una de las grandes enseñanzas que deja el COVID-19 a la civilización humana, es que aquí todos somos victimas de la pandemia y de un sistema económico y sanitario que no estaba preparado para ella.
La solución de los gobiernos locales no puede limitarse a entregar mercados y extender plazos en pago de impuestos y obviar que muchos, incluyendo los “invisibles”, no tendrán durante los próximos meses capacidad de pago para sufragar alimentación, salud, servicios públicos, arrendamientos y obligaciones financieras.
Tampoco en otorgar líneas de créditos de emergencia a micro, pequeñas o medianas empresas con recursos de Bancoldex, si finalmente es la banca tradicional, actuando como intermediador, la que termina haciéndolos ineficaces, negando el acceso a estos recursos, que ni siquiera le pertenecen al sistema financiero, mediante la aplicación estricta de sus políticas de calificación de riesgo, exigiendo capacidad económica y de endeudamiento a la inmensa cantidad de PYMES y MIPYMES que en la mayoria de los casos tuvieron que cerrar sus establecimientos y dejar de generar ingresos. Craso error presidencial crear este tipo de espejismos, donde finalmente los únicos favorecidos serán las grandes empresas. A la banca se le “olvido” que estamos viviendo una crisis mundial.
Urge, como lo señaló recientemente la Alcaldesa de Bogotá Claudia López, un decidido plan de salvamento para la clase media, que involucre gobierno nacional, departamental y municipal. De lo contrario los hoy “invisibles” de la clase media estaremos condenados a desaparecer, conllevando una estrepitosa caída de la estabilidad social y económica de nuestro país. El hambre lleva a la desesperación y ésta al caos. No podemos permitir que esto suceda.
