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La crisis política que se ha desatado como consecuencia del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre es espectacular. Como quedó claro a las pocas horas de conocerse los resultados, ni el Gobierno Nacional tenía un plan en caso de perder el Sí, ni el uribismo tenía una propuesta de renegociación coherente si llegase a ganar el No.
Por ello, a lo que hemos asistido los últimos días es a un marasmo de observaciones, propuestas y ajustes solicitados por aquellos quienes hicieron campaña decidida por la No refrendación de los acuerdos de La Habana. Desde la eliminación de la inexistente “ideología de género”, pasando por la solicitud de revisión –en la práctica eliminación- de lo acordado en el tema agrario, hasta la incorporación de la prohibición de las consultas populares que pudiesen frenar los proyectos mineros que están desperdigados por todo el país.
Mientras tanto, en medio de los escándalos por las declaraciones de un uribista pura sangre como Juan Carlos Vélez en torno a las prácticas mentirosas que utilizaron para ganar, así como las movilizaciones en varias ciudades del país exigiendo un acuerdo ya para evitar la vuelta a la confrontación armada, aparece el decálogo de exigencias del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal promotor del No.
A todas luces, la propuesta no está encaminada a construir sobre lo construido sino precisamente a hacer inviable todo lo acordado hasta ahora en La Habana. Por ello, el punto de partida del exsenador es la negación de la existencia de un conflicto armado en Colombia, con las consecuencias que se desprenden de este axioma: no debe darse una negociación sino un proceso de sometimiento a la justicia, debe existir cárcel para los líderes que cometieron crímenes de lesa humanidad, así como dar un tratamiento diferenciado, de “alivio judicial”, a empresarios, políticos y demás actores del conflicto. Lo anterior, según el doctor Uribe, busca contribuir a la construcción de una paz sin impunidad.
No obstante, la impunidad es el verdadero propósito del doctor Uribe. El senador quiere cárcel, pero no verdad, para que se repita lo que aconteció en el proceso con los paramilitares, en el que apenas empezaron a señalar las relaciones estrechas entre empresarios, políticos e incluso el mismo expresidente con la conformación y apoyo a estos grupos de extrema derecha, fueron extraditados y por esa vía se intentó deslegitimar lo dicho por los líderes paramilitares extraditados, catalogando las confesiones como una “venganza criminal” contra el presidente que los envió a los Estados Unidos.
Por ello el expresidente insiste en que se aplique para las Farc el modelo de justicia dirigido a los grupos paramilitares, el cual no creó estímulos reales para que sus miembros confesaran sus crímenes y conexiones con el mundo político y empresarial. Esa es precisamente la virtud que tiene el modelo de justicia acordado en La Habana, el cual parte de crear un estímulo para confesar toda la verdad como mecanismo para acceder a los beneficios de rebaja y cumplimiento de penas alternativas a la cárcel. Recordemos que, precisamente, si algún miembro de la guerrilla u otro actor armado no confiesa un crimen y luego es vencido en juicio, el modelo de justicia acordado entre el gobierno colombiano y las Farc contempla penas de cárcel de hasta veinte años.
Así las cosas, el senador Uribe pretende convertir la negociación política entre el gobierno y las Farc como un juicio contra esta organización guerrillera, lo cual le genera el aplauso de los sectores más reaccionarios del país, y por debajo de cuerda establece un mecanismo para que no se conozca la verdad sobre los instigadores y financiadores del conflicto armado colombiano. De paso, esta propuesta genera una consecuencia ético-política condenable: la revictimización de quienes han padecido las consecuencias de la guerra.
