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En nombre del desarrollo económico, la inversión extranjera y el aumento del recaudo tributario y de regalías, el Gobierno Nacional se ha empeñado en los últimos años en poner a marchar a toda costa la locomotora minera. Las arbitrariedades cometidas para cumplir con este objetivo no han sido menores. El completo desconocimiento de la autonomía territorial, las constantes amenazas de la Procuraduría General a quienes se han atrevido a desafiar las imposiciones de las entidades del nivel central, la expedición de normas abusivas por parte de Ministerios y Agencias, y el notable desprecio por las visiones de desarrollo de quienes habitan los municipios susceptibles de ser intervenidos con actividades mineras a gran escala, han sido el común denominador de la estrategia implementada por la Nación.
Sin embargo, como no hay mal que dure cien años ni país que lo resista, algunos hechos recientes podrían marcar el inicio de una redefinición de la política minera en Colombia. Con sorpresa y tal vez angustia, los pro-mineros han tenido que asistir a la metamorfosis del movimiento socio ambiental, que antes concebían como un enemigo pequeño que poca influencia tenía en las grandes decisiones, pero que ahora luce fuerte y vigoroso por el apoyo de gobernantes locales, la Corte Constitucional y principalmente el grueso de la sociedad, y está decidido a obligar al Gobierno y sus instituciones a revisar las decisiones que en materia de minería se han tomado unilateralmente en Bogotá.
La admirable Corte Constitucional
En una trascendental decisión tomada esta semana, este organismo tumbó definitivamente el artículo 37 del Código de Minas que tácitamente prohibía a las entidades territoriales establecer zonas excluidas de la minería, con lo cual reivindicó la autoridad de los Alcaldes y los Concejos Municipales para definir su ordenamiento territorial.
Esta decisión es congruente con otras que la Honorable Corte había tomado en el pasado. En febrero de este mismo año, el alto tribunal declaró inconstitucional el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía la actividad minera en páramos, al tiempo que le puso freno a las llamadas “licencias exprés” para devolverle la competencia de expedición de licencias a las Corporaciones Autónomas Regionales.
Lo sentenciado por la H. Corte Constitucional deja sin piso el principal argumento de la Procuraduría General de la Nación que, por medio de su delegado para los Asuntos Ambientales y Agrarios en el Tolima, ha mantenido un acoso permanente al Alcalde y los Concejales de Ibagué, alegando que no tienen la competencia legal ni constitucional para restringir la actividad minera en el territorio. Cabe resaltar que la presión ejercida por este organismo de control se ha extendido hasta el Tribunal Administrativo del Tolima.
Ibagué, la joya de la corona
El ambientalismo del país permanece expectante frente a lo que pueda ocurrir con la Consulta Popular presentada por el Alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, y que actualmente surte tramite de control de constitucionalidad en el Tribunal Administrativo del Tolima. Nunca antes una capital de departamento se le había medido a desafiar de esta forma los intereses del alto gobierno, por lo que el resultado de esta iniciativa indudablemente se convertirá en un referente para todas las comunidades que, como Ibagué, necesitan enfrentar la locomotora minera para proteger sus recursos naturales.
Aunque el Tribunal no se ha pronunciado definitivamente, se espera que su decisión de luz verde a la convocatoria de la Consulta. Cualquier decisión diferente sería no solo inconveniente para los intereses del colectivo de la ciudadanía, sino que se constituiría en una franca incoherencia frente al concepto positivo emitido por el mismo Tribunal en el caso de la Consulta Popular del municipio de Piedras.
También tiembla La Colosa
Pese al fervor con el que el Ministerio Publico, los Ministerios de Minas y de Industria y Comercio, la Andi, y uno que otro político deslucido, le han puesto a la defensa de la mina La Colosa, cada día las cosas se ponen más oscuras para este proyecto: aunque el año pasado el Concejo Municipal de Cajamarca hundió la propuesta de convocar una consulta popular, este año la iniciativa se retomó, logrando recolectar y avalar por parte de la Registraduría el número de firmas necesarias para presentar la propuesta al cabildo de ese municipio.
Se espera que esta vez la suerte de la Consulta sea diferente, toda vez que el nuevo Concejo Municipal tiene una bancada mayoritariamente opositora a la gran minería, desde ya se cuenta como mínimo con el voto positivo de tres concejales del Polo Democrático, dos Liberales y uno del Mais, lo que aseguraría la victoria en un Concejo compuesto por once cabildantes.
La lucha debe continuar
El rechazo a la “dictadura ambiental” dejó de ser un asunto de pequeños municipios como Piedras o Tauramena, para convertirse en un tema prioritario para muchas regiones de Colombia. La defensa de los recursos naturales en un escenario de cambio climático, ha motivado a comunidades enteras y a ponderadas instituciones a actuar en coherencia con la protección de lo verdaderamente valioso para la sociedad. Sin embargo, queda un camino largo por recorrer, la invitación es a continuar demostrando que todos estamos del lado correcto, en defensa del agua y la vida.
Nos vemos en la Marcha Carnaval el 3 de junio, 2:30 pm en el Sena.
