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Menos de un mes necesitó el fiscal de Aguachica, Cesar, para recolectar evidencias físicas y elementos materiales de prueba suficientes para solicitar y formular ante un juez de control de garantías imputación de cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento público contra el alcalde del mismo municipio, su secretario de Planeación, el asesor jurídico, el secretario de Salud y la directora de la fundación Provenir.
Fueron tan contundentes los cargos y el soporte probatorio presentado, que todos ellos fueron cobijados con medida de aseguramiento por defraudar el erario en la ejecución del contrato de suministro de alimentos a menores de una Institución Educativa municipal.
Los hechos se hicieron públicos al final del mes de marzo de este año a raíz de un video realizado por una docente de la institución Sagrado Corazón de Jesús, que mostró la farsa y humillación a que eran sometidos los menores escolares con el suministro de su ración alimentaria.
Personalmente me impresionó la eficacia y eficiencia del fiscal y su equipo investigador, lo que no dejó de producirme envidia de la buena y añorar que en nuestro departamento no tengamos al menos un fiscal con estas características de cumplimiento del deber e independencia, necesarias en el Sistema Penal Acusatorio que adoptamos e implementamos y que debería ser la regla y no la excepción.
Un fiscal con formación jurídica y humanista, que trabaje, que no solicite ni espere guiños de sus superiores o de dirigentres politiqueros, intrépido y atrevido, sin que ello implique descocnocer la presunción de inocencia y los derechos de quienes son vinculados a una investigación criminal.
Y es que en Ibagué y el Tolima las denuncias contra los servidores públicos y contratistas privados, no prosperan, se estancan, prescriben cuando se producen las condenas y los pícaros quedan libres de pena y de sanción social, ante la complice inactividad del órgano investigador.
Fundaciones, corporaciones y asociaciones a diario contratan con los municipios y el departamento y sus dignatarios cometen delitos de igual o mayor categoría a los sucedidos en Aguachica y acá no pasa nada.
Estudios inexistentes, asesorías ficticias, consultorías y contratos leoninos, obras inconclusas, entre otros, están a la vista y reposan en los escritorios de los fiscales, y pasan, y pasan, y pasan los meses y años sin que se produzcan resultados. Eso sí, esperan la prescripción.
De ahí que no pueda dejar de preguntarme: ¿Cuándo tendremos un fiscal como el de Aguachica?
