Ministro Jaramillo y exministros, salpicados en caso de corrupción de la UNGRD
Guillermo Jaramillo aparece en lista de altos funcionarios que podrían estar vinculados al mayor caso de corrupción del actual Gobierno.
Escrito por: Yeison Andrés López Castañeda
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La decisión fue adoptada por el magistrado Misael Rodríguez, quien también ordenó remitir a la Fiscalía los nombres de otros altos exfuncionarios del gabinete de Petro: el exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano; la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; y los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y Diego Guevara.
En la misma compulsa fueron incluidos el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior, Kevin Fernando Henao; y la exsecretaria del Ministerio de Hacienda, Alba Nury Martínez.
La Corte también investiga a cinco congresistas y una excongresista, señalados de haber recibido presuntos sobornos a cambio de emitir conceptos favorables dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), en maniobras que tendrían relación directa con la autorización de operaciones de endeudamiento estatal.
Se trata del proceso judicial más sensible que ha enfrentado hasta ahora el Gobierno Petro, por el alcance de las denuncias y el número de altos funcionarios presuntamente implicados. Cabe recordar que sobre el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, pesa una orden de captura por estos mismos hechos.
Hasta el momento, ni el ministro Jaramillo ni los demás exfuncionarios mencionados se han pronunciado públicamente sobre esta decisión del alto tribunal. La Fiscalía deberá determinar si existen méritos suficientes para abrir procesos formales contra los implicados.