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Hasta $20 millones pagará el Gobierno por información de compra de votos

Los ministros de Interior y Defensa presentaron la estrategia que se implementará el domingo 29 de octubre.
Nación
Autor: Redacción Nación
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Redacción Nación
Hasta $20 millones pagará el Gobierno por información de compra de votos
Foto: Tomada de Internet

Hasta $5.000.000 pagará el Gobierno Nacional a las personas que entreguen información que permitan identificar y dar captura de quienes estén vinculados a los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos. 

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que además se estará vigilando en algunas regiones el uso de casas, bodegas o depósitos en los que se paga por el voto. 

“En caso de que la información suministrada permita la ubicación de inmuebles destinados a la compra de votos, el pago de información podrá ser hasta por $20 millones. El propósito es que estas sean unas elecciones transparentes, libres y seguras”, precisó Velásquez. 

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, agregó que otras medidas para garantizar transparencia en la jornada electoral, es la toma de una prueba biométrica para evitar suplantaciones.

Además, la Policía dispondrá de unidades caninas que tienen la capacidad de detectar dinero en efectivo, la idea es que estén ubicados en ejes viales, salidas de ciudades y municipios, al igual que terminales de transporte para interceptar personas que lleven consigo altas cantidades de dinero en efectivo.

“Lo que queremos es enfrentar este terrible flagelo de la corrupción en las elecciones, porque todo proceso de corrupción administrativa arranca con un proceso de corrupción electoral”, dijo Velasco. 

Denunciar es una obligación ciudadana 

Sin embargo, la propuesta de entregar dinero a cambio de información fue cuestionada por la Misión de Observación Electoral, MOE, su directora Alejandra Barrios comentó que denunciar la compra de votos debe ser una obligación ciudadana y no tener a cambio alguna clase de contraprestación.

Mientras que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, expresó seguramente se tendrán investigaciones por peculado contra los funcionarios que entreguen esos recursos y “seguramente también tendremos demanda contra el Estado por abuso en la medida en que no tiene ningún sustento penal, la creación de un tipo penal vía twitter”. 

 

La última apreciación la hace teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro a través de redes sociales anunció hace dos días que autorizó el pago de información y el día de hoy ratificó la decisión. 

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