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Los privatizadores deben ser castigados en las urnas

Mediocridad, improvisación y retórica, parecen ser las máximas de acción del gobierno de la “Seguridad Humana”. Y esos mismos tres atributos parecen caracterizar a su candidato en la actual contienda electoral.
 
Mediocridad, improvisación y retórica, es lo que hay detrás de la propuesta de convertir al IBAL en una “sociedad de acciones”, iniciativa en la que convergen tanto la administración local como la campaña continuista.
 
Eduardo Bejarano acaba de revelar en su columna de opinión en este medio los apartes de un acta del pasado 26 de marzo, en la que, gracias a una interpretación amañada de la ley, los socios del IBAL modificaron sus estatutos y resolvieron “revisar” la “necesidad” de transformarla “de sociedad anónima a sociedad por acciones.” (Ver: ¿Empezó la privatización del IBAL?
 
Ese es el origen de la “propuesta” que esta semana, a gritos, le hizo el pupilo de Luis H. Rodríguez, Jesús María Botero y Jorge Tulio Rodríguez a una cámara de televisión. La falacia retórica reside en el argumento según el cual, “sacar adelante el problema del agua” implica pasar de un modelo de gestión pública a uno mixto o privado, a través de la capitalización por acciones “para fortalecerla, para hacerla grande, para modernizarla, para tecnificarla, para optimizar su tarea.”
 
Porque, según Jhon Esper Toledo, el problema de Ibagué no es el agua sino el modelo de gerencia del IBAL, esto es, la ausencia de un “verdadero manejo empresarial”. Su modelo “democrático” de propiedad ubica en la base de la pirámide a los ibaguereños, a quienes les correspondería capitalizar la empresa a través de la compra de acciones, y en la cúspide a los grandes empresarios, “los reconocidos”, quienes serían los genuinos responsables de su direccionamiento estratégico.
 
Paradójicamente, mientras que en el Reino Unido, España, Alemania y Francia se empieza a cuestionar la inconveniencia de someter a las reglas del mercado la prestación de los servicios públicos y se discuten alternativas para devolverle al Estado sus empresas sociales, en Ibagué, algunos políticos y empresarios fraguan todo tipo de estratagemas para hacerse con el activo más importante de la ciudad.
 
Cinco argumentos para oponerse radicalmente a esta infamia:
 
1. Las empresas sociales del Estado no existen para dar utilidades sino para garantizar derechos. Contrario a ello, la única razón para que existan “sociedades por acciones” es para que le reporten ganancias a sus asociados.
 
2. No existe ninguna garantía para que la valoración y la venta de acciones no beneficie a quienes tienen con qué comprar, lo que dejaría la empresa, muy fácilmente, en manos de unos pocos “accionistas”.
 
3. Las inversiones para “sacar adelante el problema del agua” son multimillonarias. La venta total o parcial de acciones no cubriría ni una cuarta parte de lo que se necesita para que la empresa funcione de manera eficiente. (Contando con que, además, debe entregar utilidades a sus nuevos dueños).
 
4. Antes de las estrategias de comercialización, es preciso avanzar en la reparación del acueducto, la construcción de bocatomas alternas, la purificación y el transporte del agua, la reposición de redes, su ampliación hacia las zonas de expansión urbana; la elaboración  de un nuevo catastro, la incorporación de los acueductos veredales y comunitarios a un esquema de agua potable, etc.
 
Todo esto, no sobre la base de un improvisado “manejo empresarial” sino de una planeación técnica, estratégica, pública, operada con la convicción de que el agua es un derecho fundamental, no un negocio para ningún empresario.
 
5. La dicotomía agua-IBAL es falsa. Se puede afirmar que el agua es al IBAL como el bambuco a la ibaguereña, para decir que le es consustancial. La razón de ser de la empresa es su captación, purificación, distribución, facturación, etc. Solamente un irresponsable es capaz de afirmar, en medio del más agresivo fenómeno de sequía por el cambio climático, que Ibagué no tienen problemas de abastecimiento.
 
¿Alguien se ha preguntado por los más de 8000 litros por segundo que Ibagué le cede a las concesiones Laserna, Lambafer, Chipalo y Opia para agronegocios? ¿No debería prevalecer el consumo humano?
 
Finalmente, los incontrovertibles problemas del IBAL no se deben a su naturaleza pública, sino a que haya sido sometido de manera sistemática a la mediocridad y a la corrupción.

El mayor logro del neoliberalismo, como lo han indicado sus más importantes estudiosos y críticos, es hacernos creer que lo público no sirve y que los modelos privados de gestión, por el contrario, serían paradigma de eficiencia y transparencia.
 
Seguir afirmando eso hoy es todo un despropósito, aun más, si se aspira a ocupar el cargo de Estado más importante de la ciudad. Confío en que esta “confesión” temprana, le arrebate la alcaldía de las manos al candidato del continuismo. 

 
 
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