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Los pliegos tipo y la corrupción en el Tolima - Parte I

Desde abril de 2019 se ha propiciado un esfuerzo sin precedentes en la lucha contra la corrupción, específicamente en la contratación de obras publicas de infraestructura transporte, mediante la implementación de los tan afamados pliegos tipo que le cercenaron la posibilidad a Alcaldes, Gobernadores y ordenadores de gasto inescrupulosos, de continuar creando pliegos sastre, es decir, para quienes no conocen, procesos de contratación arreglados para un único proponente. 

Este hito histórico en materia de trasparencia ha generado incomodidades a los mandatarios y a los políticos que se ocultan detrás de ellos, pues por lo menos a primera vista, no les permite incluir requisitos, diferentes a los que previamente reguló Colombia Compra Eficiente, so pena de eventuales responsabilidades penales y disciplinarias. Con esto, se pretendió acabar con la exigencia de presentar junto con la oferta, hojas de vida, maquinaria, cronogramas de obra, experiencia exagerada o indicadores financieros imposibles de cumplir. 

Sin embargo, bajo el coloquial refrán “hecha la Ley hecha la trampa”, ya se conocen en los mentideros políticos algunos súper asesores que han descubierto la “formula secreta” para amarrar los pliegos tipo con mecanismos leguleyos. A propósito, escuché de alguno que prometía bajo distracciones nefastas, tales como publicar documentos borrosos, en desorden, inventar condiciones acomodadas, crear requisitos en documentos adicionales, colocarlos al margen o pie de página o solicitar documentos que son parte de la ejecución, para lograr direccionar los pliegos tipo.

Lastimosamente la corrupción es un virus que ha invadido las esferas institucionales, donde el servicio público se pone a disposición y en beneficio de intereses particulares, no como un cargo de honor, sino como un botín para repartir.

En la primera fase de revisión realizada por nuestra firma ARANZALEZ & CO Abogados, Consultores y Asociados, como veedores ciudadanos realizamos una primera revisión a estos procesos en el Tolima, encontrando que, en el marco del programa “Colombia Rural” que busca mantener y mejorar la transitabilidad de la red vial terciaria del país, se han publicado cuantiosos procesos por parte de municipios como Suárez, Falan, Murillo, Roncesvalles, Rovira, Herveo, Valle de San Juan entre otros. La mayoría de estos municipios no terminan bien librados, pues sus procesos de contratación no se someten en su totalidad a las disposiciones de pliegos tipo

El primer lugar en la carrera por la ilegalidad se lo lleva el municipio de Falan, representado por Lucero Castaño Castillo, quien con apariencia de legalidad publica un pliego de condiciones ajustado a los pliegos tipo, pero en el estudio previo realiza exigencias absurdas, desproporcionadas y totalmente diferentes al contenido que dicta Colombia Compra para los pliegos tipo; tales como: presentar con la propuesta programas de obra, análisis de precios, planes de seguridad y demás trampas que no tienen otra finalidad que vulnerar la trasparencia y confundir a los participantes. 

Como si esto no fuera suficiente, Castaño Castillo solicita a los proponentes experiencia en la construcción de alcantarillas, cuando lo que se construirá serán vías, creando requisitos adicionales sin fundamento. Mediante nuestras denuncias, estas actuaciones quedarán como un referente nacional de lo que un “guardián de los recursos públicos” NO debe realizar.

Un segundo pero merecido puesto en el debut de las irregularidades halladas en el Tolima, lo ocupa deshonrosamente el municipio de Fresno, el cual, al igual que la Alcaldesa de Falan, exige en el estudio previo acreditar el personal mediante la presentación de hojas de vida, cartas de compromiso y demás aspectos que evidencian graves modificaciones a la naturaleza de los pliegos tipo, que terminarán generando delicadas consecuencias penales y disciplinarias a quien lo representa. 

El tercer penoso lugar de esta competencia por la ilegalidad lo ostenta el municipio de Suárez con su Alcaldesa Lucelly Villalba, quien además de aplicar suspicazmente aspectos de versiones no vigentes del pliego tipo, publicó un anexo de presupuesto borroso, absolutamente inentendible, posiblemente como un mecanismo para propiciar errores en las propuestas de los participantes.

Además, el municipio de Suárez exigió que se aportaran garantías no plasmadas en los pliegos tipo: presentación de programaciones de obra, planes de calidad, programa de inversiones entre otras condiciones, que por simple sentido común, se encuentran prohibidas para el desarrollo de esta tipología de procesos, denotando una clara intención de hacerle el quite a los pliegos tipo. 

El cuarto lugar lo conquista el municipio de Murillo, en cabeza de su Alcalde Antonio José García, quien exige la acreditación de un número determinado de kilómetros, condición que sólo es válida para procesos que superen los 1.000 SMMLV y aplica en algunos aspectos versiones no vigentes de pliegos tipo. 

El quinto escalafón lo consigue el municipio de Roncesvalles representado por Omar Ricardo Espinosa, que con jocoso criterio, determina la acreditación de al menos un contrato en la ejecución de obras de arte y placa huella, además de otros defectos que generan diferencia con los pliegos tipo. 

Finalmente en un empate técnico, del cual más que corrupción se avizora ignorancia de las normas que regulan los pliegos tipo, están los municipios de Rovira, Icononzo, Anzoátegui, Ataco y Flandes, quienes exigen en común, visita obligatoria a la obra, cuando la misma está suspendida por Colombia Compra Eficiente. Aunado a esto, añaden versiones desactualizadas de pliegos y se denota la falta de precisión en aspectos que otorgan puntaje.

Se ha vuelto costumbre en la ciudadanía el guardar silencio ante los actos caprichosos de políticos o mandatarios, ya sea por temor a las represalias o por la esperanza frustrada e hipócrita de recibir algo de ellos. Eso los haría igual de responsables que los mismos ejecutores de actos de corrupción, pues ya lo decían los viejos, “el que calla otorga”. Necesitamos una ciudadanía despierta y activa, personas, profesionales y empresarios que no permitan compra en su conciencia y no les de temor denunciar y generar oposición a la corrupción, pues finalmente, el Estado subsiste por el pueblo y no el pueblo por el Estado. 

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