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El año anterior el Concejo Municipal a iniciativa del Acalde Jaramillo, aprobó la creación de una sociedad anónima simplicada que sirva como ente gestor, que planifique y organice el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de la capital del Tolima.
Tratándose de un tema que ha originado que el Alcalde alce su voz en las mas altas esferas de poder, nos dimos a la tarea de revisar que hay detrás de la creación de esta persona jurídica que es un actor principal en la ejecución de los recursos CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social).
Acceder a información pública de esta SAS es prácticamente imposible, porque a pesar de que el Municipio de Ibagué es su único dueño, su objeto es de importancia para todo ibaguereño y su capital es integralmente público, todo intento de acceder a su información se ve frustrado por la negativa de su gerente, argumentando que se trata de una sociedad comercial que no está obligada a dar información de sus actos.
Esta curiosa modalidad de entidad con capital 100% público, con funciones de naturaleza pública, como la gestión del sistema de transporte estratégico, pero que mantiene su información en secreto no es la única situación que causa sorpresa al entrar a revisar en detalle el tema.
El gerente de esta SAS es el Secretario de Tránsito del Municipio, quien sigue cumpliendo con esas funciones como encargado por el Alcalde, a pesar de haberse vencido hace mucho tiempo, el plazo que la ley establece como el máximo permitido para ocupar en encargo un empleo de libre nombramiento y remoción.
Otra perla: a pesar de que en los estatutos, los aportes del Municipio de Ibagué se fijaron en la suma de 200 millones de pesos, se han transferido a este curioso ente, 350 millones por este concepto.
Y finalmente, en detrimento de las exigencias del artículo 68 la Ley 489, el concejo le dio a Jaramillo facultades para crear esta entidad descentralizada, con fundamento en un pobrísimo documento que no cumple con la exigencia legal de constituir un estudio que soporte la aplicación de los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política. Solicitaremos al Tribunal Administrativo del Tolima, que fije su posición sobre el particular, al resolver acerca de la suspensión provisional del acuerdo.
Ahora bien, la causa del secreto, el fundamento del afán y la angustia por la aprobación del CONPES tiene una sola explicación; ese esperpento societario de un solo miembro, en la oscuridad del secreto, definirá el único negocio verdaderamente rentable del sistema: El recaudo, eso es lo que quiere el negro.
