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Ibagué tuvo un arranque de año convulsionado. La cuestionada actualización catastral que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el apresurado cobro del impuesto predial que aplicó -parcialmente- la Secretaría de Hacienda de Ibagué despertaron una movilización ciudadana que llamó la atención del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.
Pero más allá de las decisiones del ejecutivo municipal, vale la pena identificar lo bueno y lo malo de este proceso, que todos sabemos cómo empezó pero nadie sabe cómo terminará.
Lo bueno
El despertar de la ciudadanía: Los ibaguereños siempre han sido pasivos y desinteresados, y pocas veces se había visto una reacción ciudadana como la que registraron los medios de comunicación la semana pasada, cuando centenares de contribuyentes protestaron pacíficamente frente a la sede de la Alcaldía.
Lástima que esto no ocurrió, por ejemplo, cuando el cartel delictivo de la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez saqueó las finanzas públicas de la ciudad.
La rápida reacción del alcalde Jaramillo: Pese a su carácter pendenciero, Guillermo Alfonso Jaramillo mostró su experiencia política y capoteó hábilmente la crisis. Empezó por reconocer que los contribuyentes podrían tener razón en sus reclamos, ofreció alternativas de pago, creó un equipo de 100 abogados para atender las quejas y, por último, dijo que le pediría al presidente Juan Manuel Santos autorización para congelar el cobro del predial.
Se descubrió un presunto nuevo foco de corrupción: Gracias al escándalo del impuesto predial, los medios de comunicación y los entes de control detectaron que en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) hay muchas cosas oscuras que tienen que aclararse. Es necesario saber si en la actualización catastral hubo pago de sobornos, si es cierto que la contratación del personal la direccionaron políticos del partido Liberal y si la Alcaldía de Ibagué hizo cumplir a cabalidad el convenio de más de $9.000 millones.
Lo malo
Oportunismo político: La insatisfacción ciudadana fue un ‘botín’ apetecido por algunos candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Las oficinas de prensa de los aspirantes enviaron comunicados de prensa para ‘figurar’ en los medios, y sacarle provecho al cobro desmedido del impuesto predial.
Calificar de “tacaños” a los ciudadanos: El secretario de Hacienda de Ibagué, Juan Espinosa, se equivocó al decir que los ciudadanos inconformes por el cobro del impuesto predial eran “tacaños” con la ciudad. El funcionario aceptó el error.
El ‘reencauche’ de un político cuestionado: La controversia que generó el predial sirvió de pista de “aterrizaje” para el controvertido exconcejal Hernando Álvarez Urueña, quien con su estilo populista y oportunista quiso “reencaucharse” en la política local. Álvarez Urueña siempre ha resultado salpicado en escándalos asociados a la invasión de predios y en la pasada campaña al Concejo de Ibagué (2015) fue sorprendido haciendo un supuesto censo de viviendas de interés social, para atraer posibles electores.
