Desde el colegio se nos enseña sobre los derechos y deberes como colombianos, entre ellos que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, dentro de los cuales se garantiza el ejercicio de diferentes libertades, como la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de cultos, como base del libre desarrollo de la personalidad, con las limitaciones y el orden de la ley establezca.
Por otra parte, desde el mismo preámbulo de la Constitución Política, la Asamblea Nacional estableció sobre eje orientador de la norma de normas, el invocar a Dios con el fin de asegurar la vida, la paz, la libertad y la convivencia, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice el orden nacional… pero esto ¿qué significa?
Esto quiere decir que, desde hace 30 años, se fundó un proyecto de país que planteó la unidad e integración de todos los colombianos con base en la creencia de Dios y en el respeto de las libertades individuales. Contrario al mito que nuestra Constitución separó definitivamente la religión del Estado, esto significa que ya no se reconoce una sola confesión religiosa y, por lo tanto, se respetará y se promoverá toda forma de creencia dentro de los límites de la ley y la sana convivencia entre las libertades.
Particularmente el derecho a la libertad religiosa ha tomado relevancia en años recientes, especialmente, en 2020 y 2021 por causa de la Pandemia de COVID-19, entendiendo que hay algo más profundo que las crisis económicas y sociales, y que llega a lo profundo de cada individuo y es la búsqueda de una identidad espiritual que nos ayude a superar nuestros problemas personales.
Reconocemos allí que es precisamente esta identidad lo que nos orienta como personas a afrontar las distintas realidades y retos que debemos asumir desde la familia hasta la nación.
Teniendo clara su importancia, desde el Partido Mira y con el apoyo de las demás bancadas del Congreso, a partir de 2014 venimos proponiendo el desarrollo de una Política Nacional de Libertad Religiosa que en estos 7 años nos ha permitido pasar de ese preámbulo esperanzador a una realidad concreta que la materialización del Derecho a la Libertad Religiosa en Colombia.
Es por ello, que el pasado 4 de julio, día Nacional de la Libertad Religiosa, pudimos presentar avances importantes de la política, que se han logrado incluir en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal; y además la creación de:
- 220 comités de libertad religiosa.
- 31 mesas de libertad religiosa.
- 32 de delegados departamentales.
- 575 delgados ideológicos municipales
Esto permitirá que esa búsqueda de identidad y ejercicio de libertad religiosa pueda ser más accesible a todas las personas y entidades religiosas, desde los barrios hasta el nivel nacional. En esto resaltamos la inmensa labor del Ministerio del Interior, a través del viceministerio de Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos; que ha permitido ese diálogo interreligioso y la capacitación de cientos de líderes a nivel nacional para orientar la creación y consolidación de estos espacios de participación.
Estos espacios tienen como objetivo desde reconocer el rol fundamental de sector religioso y sus organizaciones en la convivencia y formación en valores de las comunidades, hasta el alcance de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materias como paz, atención psicosocial, seguridad alimentaria, educación, entre otras.
En este contexto, podemos afirmar que están sentadas las bases para que todos los colombianos puedan ejercer su derecho a creer, desde un marco garante, pero también desde escenarios de participación y diálogo efectivos, con el ánimo de cumplir con ese objetivo de nuestra Constitución Nacional: invocar a Dios con el fin de asegurar la vida, la paz, la libertad y la convivencia.