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Las razones que tuvo un juez de Ibagué para no aprobar el preacuerdo entre la Fiscalía y alias ‘El Chatarrero’

Los abogados de la Alcaldía y del Imdri apoyaron la decisión del Juez. Además, EL OLFATO pone al descubierto presuntas irregularidades del preacuerdo.
Investigación
Autor: Redacción Justicia
Autor:
Redacción Justicia
Foto: EL OLFATO

El Juez Primero Especializado no aprobó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y el excontratista de la Unidad Deportiva de la calle 42 Jorge Alexander Pérez, conocido como ‘El Chatarrero’, debido a que no hay un reintegro de dinero en efectivo que le permita al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri) recuperar parte de los recursos que se robaron en los fallidos Juegos Deportivos Nacionales.

Aunque las partes presentaron -en el preacuerdo- cerca de nueve bienes embargados a Jorge Alexander Pérez, avaluados en cerca de $3.000 millones, como garantía del reintegro de lo que se apropió ilícitamente, el Juez aseguró que este arreglo no cumple con lo estipulado en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.

Dicha norma indica que la única posibilidad para acceder al preacuerdo es que el procesado reintegre, por lo menos, el 50 % del valor percibido y asegure el recaudo.

Por eso, el togado explicó que el embargo no satisfacía “el requisito objetivo” para aprobar el preacuerdo, ni era suficiente garantía para respaldar la obligación ni protegía los derechos de las víctimas.

Abogados penalistas consultados por EL OLFATO sostienen que la Fiscalía se equivocó al pretender entregarle al Imdri “bienes emproblemados” y no dinero en efectivo, como se le exigió en su momento a Orlando Arciniegas, quien tampoco quiso devolver lo que se robó y por eso no logró ninguna negociación con el ente acusador. 

“El Imdri no es una inmobiliaria de bienes embargados. La ciudad necesita que le reintegren los dineros que se robaron y la Fiscalía no puede tener consideraciones especiales con los criminales que saquearon el Municipio y que afectaron en gran medida la formación deportiva de miles de jóvenes de Ibagué”, dijo uno de los juristas, quien pidió no revelar su identidad por obvias razones laborales. 

Las víctimas, que en este caso son: el Ministerio del Deporte, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y el Imdri, apoyaron la decisión del Juez y pidieron revisar los montos que Jorge Alexander Pérez debe reintegrar.

“Nos pronunciamos en bancada. Dijimos que apoyábamos la decisión del juez, que el embargo en efecto no satisfacía el requisito objetivo para aprobar el preacuerdo, ni era suficiente garantía para respaldar la obligación. También dijimos que debía actualizarse la suma a reintegrar por la inflación del 2015 a la actualidad”, reveló uno de los abogados de las víctimas.

Esta decisión del Juez Primero Especializado fue apelada por la Fiscalía y será la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué la que determine qué pasará con esta polémica negociación.

¿Le quieren hacer un favor a ‘El Chatarrero’?

“Resulta inexplicable que la Fiscalía General de la Nación presentara un preacuerdo sin siquiera transferir la propiedad de estos inmuebles a las víctimas. Estos embargos no son una garantía, simplemente se trata de un mecanismo legal para sacar los bienes del mercado”, advirtió otro de los penalistas consultados por esta redacción.

Además, los abogados de alias ‘El Chatarrero’ le habrían pedido a la Fiscalía que le embargara los bienes porque tiene deudas pendientes con empresas y bancos, a los que logró timar cuando se presentaba como contratista de los Juegos Deportivos Nacionales.

En enero de 2017, EL OLFATO reveló que Pérez se fue de Ibagué dejando las obras inconclusas y debiéndole dinero a muchas personas. (El polémico contratista de la 42 se fue de Ibagué debiéndole a todo el mundo)

En ese momento, este medio de comunicación contactó a cinco acreedores, quienes soportaron que tenía obligaciones pendientes por $2.572 millones.

Entre sus víctimas estaban: Cemex, Ferretería al Día, Ferrexpo y el empresario Fernando Soto, quien le arrendó un lote cerca a la glorieta de Mirolindo.

Por esa razón, Pérez tiene procesos ejecutivos en diferentes juzgados del país, así que sus bienes no son una garantía, son, como dicen en la calle: un ‘chicharrón’.

“¿Es correcto que la Fiscalía acepte negociaciones con bienes que están tan comprometidos? ¿Si la Fiscalía sabe que esa persona tiene tantos embargos pendientes, está bien que los acepte como reintegro de otro ilícito? ¿Eso sería fraude a resolución judicial?”, se preguntó una de las fuentes.

Gobierno Nacional y Procuraduría también se opusieron a este preacuerdo

La decisión del Juez de Ibagué también fue respaldada por el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación.

Una fuente del Gobierno Nacional, autorizada y conocedora de este proceso, cuestionó duramente la negociación de la Fiscalía y Jorge Alexander Pérez.

“Estamos de acuerdo con el juez. Los preacuerdos no pueden utilizarse para perjudicar a las entidades públicas. Debe existir completa transparencia y garantizar el resarcimiento del daño, pues de lo contrario se estaría protegiendo al victimario. Hasta tanto no se logre un acuerdo que realmente satisfaga los intereses del Estado, nos opondremos a cualquier tipo de arreglo”, advirtió.

Sobre los líos judiciales que tienen las propiedades del detenido, señaló: “No entendemos el proceder de la Fiscalía al respecto. Se supone que antes de aceptar los bienes, se debe efectuar el estudio correspondiente con el fin de verificar si el bien cuenta con otro tipo de medidas cautelares que impidan su utilización para resarcir el daño”.

En el mismo sentido se pronunció la Procuraduría General de la Nación, entidad que reconoce que la información que puede aportar alias ‘El Chatarrero’ es importante para esclarecer este millonario desfalco.

“Sin embargo, los avalúos de los bienes no están y de esa manera no se tiene un valor concreto del reintegro. No se cumple el presupuesto de procedibilidad del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal para preacordar”, subrayó el Ministerio Público.

 

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