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Las cosas pueden cambiar, el asunto es que no queremos

Las críticas a la clase política, al gobierno de turno y en general a todo aquello que tenga que ver con “la institucionalidad” son pan de cada día. El problema es que también lo es saltarnos la norma, interpretarla a nuestro acomodo, exigir que se aplique al otro, pero que se tenga consideración con los nuestros.

La semana pasada afirmé que no nos gusta el Estado de Derecho. Hoy diré que nos gusta tenerlo en papel, cual carta de amor eterno que escribe un adolescente enamorado, que en el fondo sabe que sus hormonas en cualquier momento le jugarán una mala pasada. Obligamos a que se estudie la Constitución Política en todas las instituciones educativas (artículo 41 de la CP de Colombia), pero si un estudiante pide ver la identificación del policía que lo detiene para una requisa, termina esposado en un CAI. Nos gusta leer que somos iguales ante la ley y que siempre debe primar el interés general, pero si un Procurador exonera a sus ex empleadores o a quienes en el futuro contratarán sus servicios, miramos para otro lado.

Todo esto puede y debe cambiar. El asunto es que la igualdad es una amenaza que enfrentan quienes han logrado exigirla para los demás, pero esquivarla ellos mismos.

Hay caminos que se pueden tomar para cambiar esto:

Prohibir de manera explícita que quien haya proferido un fallo, liderado una investigación o participado en cualquier decisión que afecte o beneficie a una persona, natural o jurídica; pueda tener en el futuro algún tipo de relación laboral o de prestación de servicios, directamente o a través de una empresa a la que se vincula, con dicho sujeto.

El derecho fundamental a elegir y ser elegido debe ser interpretado a la luz de las garantías que se deben tener y, por lo tanto, ser ágiles en las medidas constitucionales para proteger la sana competencia electoral de las mafias que liberan ríos de dinero para ganar las elecciones. Primera tutela que se falle para obligar a los candidatos a registrar hasta el pago de los refrigerios de sus actos de campaña, so pena de responder ante la justicia y podríamos tener elecciones de otro tipo, no este lodazal que nos consume cada cuatro años.

La elección de quienes encabezarán los órganos de control debe hacerse sin la mediación del Congreso. En el caso de la Procuraduría y la Contraloría, deben ser elegidos por el Consejo de Estado, de terna que presente el Presidente, previo examen aprobado por candidatos, realizado por la Corte Suprema de Justicia.

El Fiscal debe ser elegido por la corte suprema, de terna que presente el Presidente, previo examen aprobatorio de los candidatos realizado por los magistrados de la sala penal de la corte, quienes no podrán participar en la elección. 

Toda votación en materia tributaria y presupuestal debe ser pública y transmitida en directo por el canal del Congreso, obligando la respuesta por parte de cada congresista de su viva voz. De igual modo en las asambleas departamentales y concejos municipales, a través de los medios digitales de streaming.

La carrera administrativa debe estar bajo evaluación periódica, con el fin de garantizar que quien tome ese camino sepa que es exigente, que requiere desarrollar nuevas habilidades todo el tiempo.

El conjunto de impuestos que pague una persona, natural o jurídica, no podrá superar en ningún momento el 25% de sus ingresos y los intereses de mora para quienes tarden en pagar el impuesto de renta en ningún momento podrá ser más de tres veces la tasa de intervención fijada por el Banco de la República.

Estarán de acuerdo con algo de lo que aquí expongo, pero también estoy seguro de que se reirán pensando si nuestros representantes ante el legislativo aprobarían algo así. Justo allí está el problema. Nos hemos acostumbrado a que nada puede cambiar, a que el estado debe tener más ingresos, sin importar que la economía no crezca y población no tenga suficiente en sus bolsillos. Nos hemos acostumbrado a que los órganos de control sean instrumentos de persecución y hemos asumido que no hay división de poderes.

Se pueden cambiar las cosas. Es cuestión de querer hacerlo y exigirlo a quienes vayamos a elegir en las próximas elecciones.

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