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La premonición en la gerencia del IBAL

Investigación
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El año pasado, justamente por estos días, el gerente de Ia Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, Carlos José Corral, recibió en su despacho al secretario general de la entidad, Ricardo Arroyo.

Entró con una cara de angustia que de inmediato llamó la atención de quienes estaban allí presentes. “Gerente yo no adjudico ese contrato -el de gestión comercial que se ganó Presea-. Prefiero irme, antes de adjudicarlo”, advirtió Arroyo.

Corral, sin pensarlo dos veces, respondió: “Pues nos vamos los dos. Si usted tiene dudas es mejor no seguir con eso”. La conversación quedó grabada en un teléfono celular y está en poder de ELOLFATO.COM.

La situación parecía irreversible, pero en Ibagué todo puede pasar. Pocas semanas después, parece que aclararon las dudas y los dos funcionarios terminaron adjudicando el controvertido contrato a la firma Presea por 3 mil 800 millones de pesos, en octubre de 2013.

Lo hicieron pese a las observaciones de la Procuraduría Provincial de Ibagué y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Acudieron al mismo estilo de su jefe, el alcalde Luis H. Rodríguez, quien defiende sus contratos más polémicos “a capa y espada”, como lo hace ahora con las fotomultas.

Presea empezó la ejecución del contrato con el pie izquierdo y a los tres meses ya se encendían las alarmas por el incumplimiento de esta firma.

La interventoría, a cargo de Alejandro Méndez, el mismo del estudio de las fotomultas; la oficina de Control Interno y el revisor fiscal de la empresa Gerson Villalba revelaron que Presea podría meter en graves problemas al IBAL con entidades como la DIAN y la misma Superintendencia de Servicios Públicos porque no existían reportes de información comercial ni financiera.

Incluso, advirtieron que la empresa podría llegar a incumplir sus compromisos con los bancos porque el contratista no le reportaba cuánto dinero ingresa a través de los puntos de recaudo. (Ver reporte interno)

Por esa razón, el 29 de abril de 2014, se ordenó la investigación por el presunto incumplimiento de Presea. De ese proceso se encargó al secretario general Ricardo Arroyo, el mismo funcionario que, en septiembre de 2013, dijo que prefería renunciar antes de adjudicar el contrato.

El IBAL empleó cinco meses para confirmar lo que la interventoría, la oficina de Control Interno y el revisor fiscal sustentaron en juiciosos informes desde el inicio del año. Se tardaron casi la mitad del tiempo de ejecución del contrato descubriendo que el agua moja.

Mientras tanto, Presea siguió muy campante ejecutando su millonario contrato que termina en un par de semanas.

Arroyo le dijo a este portal que nunca dilató la investigación, que demorarse cinco meses para confirmar las evidencias de la misma empresa “es lo normal” y que no mediaron las relaciones de amistad entre los directivos de Presea y el IBAL.

Un pleito que le queda al IBAL

La historia del IBAL ha estado ligada a centenares de procesos legales, directivos cuestionados, uno que otro gerente preso y millonarias reclamaciones judiciales que casi siempre terminan condenando la empresa.

Pues la administración del alcalde Luis H. Rodríguez le acaba de aportar un proceso más al IBAL. El lío de Presea se irá a un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Ibagué y de entrada ya la ciudad tiene que prepararse para pagar lo que cuesta esta controversia porque será asumido “por partes iguales”.

La Personería de Ibagué no se explica cómo un incumplimiento parcial del contrato no generó medidas inmediatas establecidas en la ley y terminaron en un tribunal de arbitramento.

Por esa razón, enviarán un oficio a la Procuraduría Provincial de Ibagué para saber qué investigaciones adelantan en el controvertido caso.

Sin duda, Ricardo Arroyo, uno de los hombres que más conoce al IBAL, y el gerente de la empresa Carlos José Corral tuvieron un presentimiento acertado, una auténtica premonición, esa tarde de septiembre cuando pensaron en renunciar antes de meterse en este lío con Presea.

 
 
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