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Este cuatrienio pasará por la historia de la ciudad como uno de los más vergonzosos en materia de control fiscal, disciplinario y penal.
Durante la administración del alcalde Andrés Hurtado, los entes de control llamados a velar por los recursos públicos y vigilar el comportamiento de los funcionarios del municipio han brillado por su ausencia, gobiernismo y corrupción.
La ciudad ha observado una Fiscalía seccional Tolima enmudecida, inoperante y silenciada. Ni qué decir de la Contraloría Municipal salpicada en graves denuncias de corrupción y petición de contratos a la administración del ingeniero Andrés Hurtado.
Pero, sin lugar a duda, el pobrísimo desempeño de la personera de Ibagué, Johana Ardila, merece todo el reproche de la ciudadanía y de los medios de comunicación porque su gestión ha sido endeble y su desempeño al frente de ese órgano de control es absurdo.
Ha viajado por fuera del país y no ha rendido cuentas a la ciudadanía sobre los aportes de sus salidas a España, Francia, Países Bajos, Alemania, Bélgica y, recientemente, a México, a la gestión del control que realiza desde su oficina.
Pero sí ha gastado más de $82 millones en sus desplazamientos dentro y fuera del país; de los cuales, $35 millones corresponden al tour que realizó por Europa.
No conforme con esto, lo que EL OLFATO ha conocido, es que han tenido la nómina de la entidad para hacerle favores a los políticos y al mismo alcalde Andrés Hurtado, quien parece que fuera su jefe directo.
Podrá ser mala personera, pero es buena suegra. Contrató a su nuera, lo que podría llevarla a incurrir en conducta irregular de tráfico de influencias.
De la misma forma en que Ardila ignora las dudosas conductas de la Administración Municipal, esta prefirió guardar silencio sobre los favores que ha tenido con la novia de su hijo.
En fin, sin el riguroso trabajo de los tres entes, el alcalde de Ibagué ha sacado adelante proyectos y ha tomado decisiones irresponsables que podrían acarrear serios problemas para los habitantes de Ibagué.
Ejemplo de ello es el cuestionado puente de la calle 60, sobre el cual se extiende un manto de duda acerca de su rigurosidad técnica, la capacidad de solucionar los problemas de movilidad de la ciudad y, su realización, debido a que esta recae sobre un contratista que ha dejado varias obras abandonadas en el país.
Ni que decir del afán por adjudicar el recaudo del SETP o lo que sería la premura por dejar contratos amarrados para el sistema de trenes eléctricos de Ibagué.
Los grandes damnificados son los ciudadanos, quienes se quedan sin una Personería que defienda sus derechos, una Contraloría que vigile los recursos públicos o una Fiscalía capaz de investigar y acusar la ocurrencia de algún delito.
