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La paradoja de la justicia tolimense

Insólito lo que acontece con la justicia del Tolima. Por un lado, los destacados representantes que tiene el departamento en las altas cortes son reconocidos a nivel nacional por su capacidad e intelecto para crear e enriquecer el derecho; por el otro, aquí los procesos, especialmente los de corrupción administrativa, se encuentran literalmente engavetados en los escritorios de jueces y fiscales, con amplias posibilidades de que estos delitos queden impunes.

El aporte que ha hecho el Tolima al orden normativo e institucional de los colombianos es enorme, y nuestros togados han jugado un rol de vanguardia en el desarrollo del andamiaje jurídico. No en vano se afirma que esta región ha entregado al país varios de los mejores juristas de la historia y es la cuna de estudiosos hombres dedicados a la jurisprudencia. Manuel Murillo Toro, dos veces presidente de Colombia en su época, y en la contemporánea baste recordar a Darío Echandía, también expresidente; Antonio Rocha Alvira, al inmolado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y recientemente, Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia, exprocurador y exfiscal General de la Nación.

A ellos, se unen: Yesid Reyes, hijo de Reyes Echandía, exministro de Justicia y actual aspirante a Fiscal General de la Nación, el presidente del Consejo de Estado Danilo Rojas, Luis Ernesto Vargas, expresidente de la Corte Constitucional, y el tratadista de derecho administrativo Jaime Orlando Santofimo, actual magistrado del Consejo de Estado, uno de los integrantes brillantes de esa alta corte.

Pero al margen de esta constelación de figuras que le han dado renombre y lustro al Tolima, en derecho y ciencias políticas, en los actuales momentos los ciudadanos afrontamos una contradicción: la falta de eficacia y prontitud en la aplicación de justicia.

El hurto de los XX Juegos Nacionales

Citamos como ejemplo dos casos aberrantes para la justicia de cualquier país. El proceso por los actos de corrupción en la construcción de escenarios de los XX Juegos Nacionales, donde se encuentran perdidos cerca de 120 mil millones de pesos, en unas contrataciones irregulares que fueron cantadas por todo el mundo desde antes de adjudicarse a dedo, y nada pasó.

Hoy los principales responsables de esta hecatombe, el oscuro excalde Luis H. Rodríguez, el abogado Orlando Arciniegas, arquitecto del entramado jurídico de las contrataciones dolosas, y el exdirector del Imdri, Carlos Heberto Ángel, continúan libres, pese a existir acerbo probatorio en declaraciones, documentos y grabaciones sobre sus actuaciones indebidas de estos y otros personajes en el sonado caso.

Esta tardanza, ineficacia e indecisión de la justicia para tomar determinaciones contundentes en este caso, ha envalentonado a los contratistas igualmente corruptos, para presentar denuncias por supuestos incumplimientos por parte del municipio de Ibagué, para continuar las obras. ¿Cuáles obras? Las mentiras y fantasías del inepto Luis H. “Hay les dejo las mejores obras deportivas del país”.

‘El Chatarrero’ y su comparsa, como en la sentencia popular: “Tras de ladrones, bufones”.

Ni la Fiscalía ni la Procuraduría Provincial de Ibagué, han tomado medidas penales ni disciplinarias sobre estos graves hechos. Han permanecido, hasta el momento,  impávidas, inertes, ciegas, sordas y mudas. Todo lo pasan de agache.

Los procesos del hoy gobernador

Y el otro caso. Para nadie es un secreto que por una decisión politiquera del candidato-Procurador Alejandro Ordoñez, revocó la sanción de 11 años de suspensión para ejercer cargos públicos que pesaba sobre el actual gobernador del Tolima, Óscar Barreto, más por cálculos electorales que razones jurídicas. La medida disciplinaria había sido impuesta por las irregularidades registradas en la licitación 011 de 2009, de la pavimentación de la carretera Líbano-Platanillal-Villahermosa.

Así las cosas, a Barreto se le despejó el camino para ser nuevamente candidato a la Gobernación, elección que gana por escasos cuatro mil votos, dejando dudas por el dinero real que se invirtió en su elección, la legión de los contratistas que lo acompañó y las cosas extrañas que pasaron en los escrutinios en la Registraduría del Estado Civil, que pudieron cambiar el veredicto real de las jornada electoral de octubre pasado.

Análogo a esta situación, en la Fiscalía reposan más de ocho expedientes, más de 20 según el diario El Espectador, que desde hace más de cuatro años, duermen el sueño de los justos en los escritorios judiciales, sin que hasta el momento se haya tomado determinación alguna a favor o en contra del procesado, salvo el show mediático que protagonizó meses antes de la elección, el hoy Fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, quien prometió que antes de esas elecciones (octubre 25 de 2015), daría a conocer resultados sobre los procesos donde se encuentra implicado Barreto.

Entre los sumarios por contratación indebida, sin el lleno de los requisitos, peculado y tráfico de influencias, entre otros, citaremos solo tres: el de la quiebra del hospital Federico Lleras, el Banco de los Tolimenses y los falsos cupos para un programa de  estudiantes adultos de bachillerato, donde se hacen aparecer a ocho mil estudiantes y la Fiscalía solo encuentra dos mil 500. Con estos cupos el gobierno nacional pagaba un subsidio por estudiante matriculado, mientras más estudiantes registrados más grandes eran las partidas.

Nos motivó a escribir esta nota, la lánguida salida del exfiscal  Eduardo Montealgre, también tolimense, y su nula acción en la lucha contra la corrupción en Ibagué y el Tolima. Mientras en otros  departamentos y municipios, por casos menos graves, existen gobernadores, alcaldes y funcionarios detenidos y debidamente procesados; entretanto, en este lugar del país, parece que fuera el paraíso de los corruptos con patente de corso por la inoperancia de la justicia, para seguir delinquiendo.

Qué paradoja de la justicia tolimense, mientras gozamos del reconocimiento y exaltación de nuestros ilustres hombres a nivel nacional por sus aportes a la jurisprudencia, la ineficiencia de la justicia regional, los organismos de control como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, permitan que los corruptos se enriquezcan con los recursos del desarrollo y progreso del pueblo tolimense e ibaguereño y sigan campantes como si nada pasara.

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