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La concretera Boylam: invasora y contaminante pero nadie se atreve a tocarla

Investigación
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La poderosa firma Boylam, que provee el concreto para las obras de los Juegos Deportivos Nacionales, y cuyos propietarios son Óscar Berbeo -exconcejal de Ibagué y compadre del alcalde Luis H. Rodríguez- y de Jorge Alexander Pérez -contratista de la Unidad Deportiva de la 42-, está metida en serios problemas.

La planta que instalaron en el sector de Mirolindo tiene enfermos a los niños que estudian en el colegio que está justo al lado de sus instalaciones, Cortolima les abrió un proceso sancionatorio por los problemas ambientales que están generando en la zona y la concesionaria San Rafael los acusa de ocupar de manera indebida la zona de exclusión del “trayecto 3 del proyecto vial Girardot – Ibagué – Cajamarca”. (Ver Documento de la concesionaria San Rafael)

Según el informe, la invasión de la zona de exclusión no es la única preocupación de la concesionaria. También lo es la entrada y salida de vehículos pesados porque genera grandes riesgos para los usuarios de la vía por la cantidad de material que arrojan sobre la calzada y por el deterioro de la señalización vertical y horizontal.


Pese a todo este cúmulo de irregularidades y de poner en peligro la salud de por lo menos 70 menores de edad, la concretera Boylam sigue operando gracias a las buenas relaciones de sus socios con la Alcaldía de Ibagué y con la clase política local.

“Ya nos han dicho que ahí no hay nada qué hacer. Detrás de esta empresa hay gente poderosa y por eso no les han hecho nada ni Cortolima ni la Alcaldía”, dijo una fuente consultada por este portal.

Y parece que esta afirmación tiene mucho sustento. La concesionaria San Rafael, desde el 19 de marzo de este año, hace seis meses, interpuso una querella contra la planta procesadora de concreto Boylam para obligarla a entregar el área que invadió de manera “abusiva”, pero hasta este momento la Alcaldía de Ibagué no se pronuncia.


Otra entidad que ha preferido mirar para otro lado es la Personería de Ibagué. Todos estos hechos fueron puestos en conocimiento del personero Isaac Vargas y tampoco ha adelantado alguna acción.

Tal vez la única entidad que ha avanzado es Cortolima. En una visita que hicieron funcionarios de esta entidad encontraron que: “No se evidenciaron medidas de control y/o mitigación en el costado lateral izquierdo del proyecto, generándose a su vez, malestar e inconformidad a la comunidad beneficiaria de la institución educativa Casa de Vida, por la emisión de material particulado y ruido”, dice un informe que solicitaba la suspensión preventiva de esta planta de concreto.

La autoridad ambiental les exigió (desde el 22 de mayo de 2015) tramitar unos permisos de emisiones atmosféricas y presentar el certificado del uso del suelo, pero Bolylam no acató la orden. Por esa razón les abrieron formalmente un proceso sancionatorio. (Ver Documento de Cortolima)

Sin embargo, nada ha ocurrido y los dueños de Boylam han asegurado que esperan estar por lo menos 18 meses más en la zona, contra viento y marea, y con la actuación omisiva de los entes de control.

¿Violaron el POT?   

Si bien la zona en la que están instaladas la institución educativa y la concretera es un área industrial de “bajo impacto”, la operación de esta planta podría estar violando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La subdirección de Planeación aseguró que en este lugar pueden estar “microempresas y manofacturas que desarrollan procesos de transformación y elaboración de productos no contaminantes de bajo riesgo”, y para los representantes del colegio Casa de Vida es evidente que Boylam no cumpliría con estas condiciones.

Por su parte Óscar Berbeo, uno de los socios de la concretera, les dijo a los padres de familia que su empresa sí puede estar allí por el bajo impacto de su operación.


ELOLFATO.COM buscó al exconcejal Berbeo, pero dijo que él no tenía nada que ver con Boylam. Sin embargo, en los registros de la Cámara de Comercio sigue apareciendo como suplente de Jorge Alexander Pérez, el misterioso excomprador de chatarra de Bogotá que resultó constructor de escenarios deportivos en Ibagué. Pérez le habría comprado la concretera a Berbeo por cerca de 2.000 millones de pesos. (Ver Los millonarios negocios de Óscar Berbeo con el contratista de la 42)

El empresario y político ibaguereño nos remitió al gerente de Boylam, Carlos Navarro, quien aceptaba la entrevista si le enviábamos las preguntas previamente a un correo electrónico, condición que no aceptó este medio de comunicación.

¿Y la salud de los niños?

Jenny Rubiano, representante del colegio Casa de Vida, dijo que están recopilando los diagnósticos de los niños afectados por la contaminación generada por la concretera e interpondrán una acción popular para que se protejan los derechos a la salud y a la educación de los estudiantes.

Además, los directivos del plantel y los padres de familia llevarán el caso ante la directora general del ICBF, Cristina Plazas, y la procuradora delegada para la familia y la niñez, Ilva Myriam Hoyos, para que vigilen la actuación de las autoridades locales.

 
 
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