Tribunal de Ibagué ordenó tramitar notificaciones electrónicas a los presos de la cárcel de Picaleña

A través de una acción de la Procuraduría, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué ordenó al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al director del Complejo Penitenciario y Carcelario Coiba Picaleña, disponer del personal necesario para notificar a las personas privadas de la libertad, las providencias judiciales enviadas al correo electrónico de esa institución. (Ver: Los líos del Director de la cárcel de Picaleña con la Procuraduría General de la Nación)

El tribunal estableció un plazo de 48 horas después de la notificación para que se adopten las medidas de bioseguridad indicadas en circulares, instructivos y lineamientos emitidos por el centro reclusorio, con el fin de prevenir el contagio y propagación del COVID-19 durante el trámite de notificación, que se realizará de manera personal.

Ordenando también que los directores del Inpec y Picaleña efectúen los trámites y procedimientos necesarios para disponer de suficientes funcionarios de salud, administrativos y de guardia, que permitan cubrir la demanda en la prestación de estos servicios, y gestionar oportunamente las solicitudes de detención domiciliaria transitoria de las personas privadas de la libertad.

Al resolver la acción judicial interpuesta por la Procuraduría, el tribunal sentenció que al negarse a dar trámite a las múltiples notificaciones que se encuentran represadas, se “está impidiendo que los internos tengan derecho al acceso al servicio público de Administración de Justicia”.

Igualmente, advirtió que exigir a los notificadores de la rama judicial que acudan al centro carcelario para adelantar esta labor pone en riesgo su salud y su vida, y más cuando dicho establecimiento no cuenta con los elementos de bioseguridad necesarios y suficientes para evitar el contagio.