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Sancionan con destitución e inhabilidad al exalcalde de Melgar

El exmandatario celebró un contrato bajo la modalidad de contratación especial y no de licitación pública, como lo ordena la normatividad vigente.
Justicia
Autor: Fernanda Rojas
Autor:
Fernanda Rojas

Miguel Antonio Parra Pinilla, exalcalde de Melgar (Tolima) para el periodo de 2016 – 2019, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades contractuales durante su mandato.

La Procuraduría Provincial de Girardot, en primera instancia, lo destituyó e inhabilitó por 10 años porque incurrió en falta disciplinaria al celebrar el Contrato de Interés Público No. 370 de 2017.

Según la investigación, celebró el contrato bajo la modalidad de contratación especial y no de licitación pública, como lo ordena la normatividad vigente.

El negocio jurídico celebrado con la Asociación Brisas de Sumapaz tenía por objeto "aunar esfuerzos para el apoyo al desarrollo de las actividades de fomento y promoción cultural y artística de programas en el marco de la celebración del XXX Festival Sanpedrino", con un plazo de ejecución de 60 días y un valor total de $605'269.200.

Se estableció que Parra Pinilla no fijó los valores a ejecutar en las 15 actividades contratadas y dejó que la decisión quedara a discrecionalidad de la asociación.

También omitió incluir en el acta de liquidación un balance financiero que desagregara los ítems de inversión y descripción de las actividades contratadas.

Asimismo, se evidenció que el exfuncionario no realizó la publicación del trámite contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-.

Para el ente de control el investigado desconoció los principios de moralidad, economía e imparcialidad que regulan la contratación estatal y la función administrativa, acción con la que afectó el ejercicio de sus funciones y la salvaguarda de los recursos del ente territorial.

La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima. El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa del exfuncionario y será resuelto por la Procuraduría Regional de Cundinamarca.

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