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La presunta maniobra dilatoria con la que el exalcalde de Prado evitó ser acusado por la Fiscalía

La audiencia de acusación inició a las 5:00 de la tarde de este lunes. No obstante, el exmandatario fue excluido y la diligencia continuó con los otros involucrados.
Justicia
Autor: Redacción Justicia
Autor:
Redacción Justicia
La presunta maniobra dilatoria con la que el exalcalde de Prado evitó ser acusado por la Fiscalía

Una presunta maniobra dilatoria evitó que el exalcalde de Prado Álvaro González Murillo fuera acusado este lunes por la Fiscalía General de la Nación. 

Durante la audiencia que inició sobre las 5:00 de la tarde, el abogado del exmandatario mencionó un posible conflicto de competencia que tendría el juez del caso y pidió que su defendido fuera excluido de la diligencia, mientras este se resuelve. 

Según el profesional, dicha figura tendría lugar porque González Murillo hace parte del resguardo indígena Yaporogos Taira y por tanto debería ser juzgado ante esa jurisdicción. 

"Hay un escrito que fue enviado el 7 de septiembre al Juzgado por parte de la Gobernadora Indígena, solicitando asumir el conocimiento del caso y que se le juzgue a González Murillo conforme a la jurisdicción indígena", afirmó.  

"Solicito que se plantee el conflicto de competencia habida cuenta de la manifestación que hace la señora Diana Graciela Ibarra. Mi representado está inscrito y certificado en el Ministerio del Interior ante el grupo de investigación y registro", añadió. 

De esa manera, el Juez del proceso verificó que efectivamente el documento fue recibido en su despacho y decidió correr traslado del mismo al Consejo Superior de la Judicatura. 

Por esa razón, la audiencia continuó con los otros involucrados: Diana Carolina Romero Yara, exsecretaria de Desarrollo Social; Daniel Francisco Murillo Cupitra, primo del mandatario; Sindy Lorena Lozano Cabezas, esposa del primo y supuesta fundadora de la asociación contratante; y Gladys Lucía Cabezas Leonel, su suegra.

Los hechos

El exmandatario y las personas mencionadas están siendo investigadas por las presuntas irregularidades cometidas en la celebración de 17 convenios suscritos con una empresa creada, según el ente acusador, con el único fin de obtener dinero del municipio de manera ilícita.

Los hechos ocurrieron en el año 2016 cuando fueron celebrados numerosos convenios con la Asociación Danylor Logrando Renovación para Colombia.

El objetivo era la realización de actividades lúdicas, brigadas de salud, actividades deportivas de diferentes colegios, alimentación escolar, atención de transporte y fiestas folclóricas del arroz, entre otros fines. 

El valor de los contratos celebrados entre el 15 de julio y el 21 de diciembre de 2016 ascendió a $414.459.324, de los cuales el municipio de Prado transfirió a la asociación contratante $398.659.324.

La entidad sin ánimo de lucro, como cooperante, tenía que aportar $15.800.000, los cuales no fueron entregados.

Por esa razón, los procesados fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo y heterogéneo. 

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