Juez impuso multa al alcalde de Ibagué por no garantizar suministro de agua potable a población rural

El Juzgado Primero Administrativo Oral sancionó al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, con multa de un salario mínimo mensual legal vigente por no acatar el fallo de la acción popular que obliga al Municipio a garantizar el suministro de agua potable a las veredas La Flor y el Salitre.

La decisión se dio en el marco de la acción popular que interpuso la Procuraduría Ambiental y que fue fallada a favor de las comunidades rurales el 12 de julio de 2010.

En la sentencia se le ordenó al Municipio a que en el término de 18 meses realizara todas las gestiones para dar solución en forma definitiva a las necesidades de agua potable de estas veredas. El plazo para cumplir el fallo venció el 24 de mayo de 2012.

No obstante, solo hasta el 2 de octubre de 2018, en la Administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, se adjudicó el contrato 2316 cuyo objeto era la optimización de los acueductos.

¿Obra inservible?

Dentro del fallo de la acción popular se estableció que, el Municipio debía dar las instrucciones sobre las condiciones de almacenamiento, uso y distribución del preciado líquido a las comunidades.

Sin embargo, como lo indicó el informe de la Secretaría de Salud del Tolima, el Índice de riesgo para la calidad del agua (Irca) el año pasado arrojó un riesgo alto (78.84%), por lo que no era agua no apta para el consumo humano, "situación explicable por el hecho de que dicho acueducto no cuenta con sistema de tratamiento y por consiguiente, a la comunidad le es suministrada agua cruda", señaló el documento.

Hay que recordar que, la Alcaldía de Ibagué invirtió $184 millones para optimizar los sistemas de acueducto y $50 millones para la interventoría, contratos que ya se encuentran liquidados.

"Resulta inexplicable para este despacho que se dispongan los recursos para la construcción de un acueducto en el que no se contemple un sistema de tratamiento, pues como lo señala el ingeniero sanitario Julio Cesar Quintero Moncada de la Dirección de Salud Pública del Tolima, la deficiencia se encuentra en la falta de un sistema de tratamiento, que es lo que impide suministrar agua a los habitantes de la vereda La Flor que sea apta para el consumo humano", sintetizó el Juez.

EL OLFATO consultó al exsecretario de Desarrollo Rural César Picón, quien estuvo a cargo del proceso contractual e informó que la mayor parte de los recursos fueron invertidos en redes en la vereda El Salitre y ni en esta ni en La Flor se hizo planta de potabilización  

“En El Salitre, que fue la mayor inversión, se hizo pura ampliación de redes. Y en La Flor se hizo una optimización y allá nosotros no hicimos potabilización. Sí, hicimos inversión para la optimización de redes y se hizo algo en infraestructura, pero en el tanque de almacenamiento, pero potabilización no. Eso lo hicimos en Llanos del Combeima y en el acueducto de Calambeo”, puntualizó el exfuncionario.

La culpa es del COVID

La Oficina Jurídica con escrito allegado al juzgado el pasado 11 de mayo, se excusó con el argumento que no ha sido posible ejecutar el proyecto por la entrada en vigencia del decreto Nacional 457 que impuso algunas restricciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus y ordenó el aislamiento preventivo obligatorio a todas las personas en el territorio.

Además, solo hasta esta vigencia se iniciaron las acciones tendientes a dar cumplimiento al fallo de la acción popular.