Imputan cinco delitos a dos exalcaldes de Piedras por presuntas irregularidades en contratación
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La Fiscalía General de la Nación seccional Tolima imputó cinco delitos a dos exalcaldes del municipio de Piedras por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción del alcantarillado de aguas residuales y obras complementarias en el año 2011.
Los exalcaldes judicializados fueron Rogelio Montealegre Murillo, quien se desempeñó en el cargo en el período 2008 – 2011, y Arquímedes Ávila Rondón en el período 2012 - 2015.
De igual manera, fueron señalados Jhon Paul Peña Rojas exasesor de la secretaría de planeación y obras públicas en el año 2011; Gloria Piedad Reyes Ariza exasesora de planeación, y Alberto Casabianca Moreno exinterventor.
La Fiscalía les imputó los delitos contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, y prevaricato por omisión. Ninguno de los encartados aceptó su responsabilidad en los hechos.
Según la investigación, son investigados por las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de obra N° 113 del 19 de noviembre del año 2011, cuyo objeto era la construcción del alcantarillado de aguas residuales y sus obras complementarias en la vereda Campoalegre, ubicada en zona rural del municipio. El valor contratado superó los mil millones de pesos ($1.157’467.975).
Montealegre Murillo como alcalde de Piedras para el año 2011, tramitó el contrato con Benjamín Orlando Arana Osuna, al parecer, sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por su parte, Peña Rojas, asesor de la Alcaldía, habría participado en el trámite inobservando requisitos esenciales en los estudios previos.
Ávila Rondón, como mandatario local en 2012 liquidó el contrato haciendo caso omiso a las, supuestas, irregularidades. Las investigaciones dan cuenta entonces que todos los ya mencionados, permitieron al parecer, que el contratista Arana Osuna se apropiara de $290 millones aproximadamente, suma que le fue pagada por actividades y obras que nunca ejecutó.
Igualmente, habrían permitido que Casabianca Moreno, interventor del contrato, se apropiara de $86 millones, aproximadamente, este dinero le fue pagado por actividades que no fueron ejecutadas. Mientras todo esto ocurría, presuntamente, los imputados habrían falsificado documentos públicos y privados.
Finalmente, se estima que Jhon Paul Peña Rojas, Gloria Piedad Reyes Ariza y Alberto Casabianca Moreno, al parecer, rehusaron cumplir sus funciones como: supervisores los dos primeros e interventor el último, pues no realizaron la vigilancia al contrato tal y como lo exige la ley. El proceso contra los implicados continúa en la etapa de acusación.
