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Imputan cargos al alcalde de Cunday por presuntos hechos de corrupción durante la emergencia de COVID-19

Según la Fiscalía, hubo una presunta apropiación indebida de los recursos por un valor de $54.685.799 por parte del contratista.
Justicia
Autor: Fernanda Rojas
Autor:
Fernanda Rojas
Foto: Alcaldía de Cunday

Un nuevo alcalde del Tolima está en líos con la Justicia por la contratación de la emergencia del COVID-19.

La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación al actual alcalde de Cunday, Luis Gabriel Pérez Rivera; a la secretaria de Planeación, Viviana Paola Granada Reyes, y al contratista de la Administración, Luis Albeiro Medina Quintana.

Según el ente acusador, se presentaron irregularidades con el contrato 032 de 2020, celebrado entre la Alcaldía Municipal y la fundación ‘Crecer Tolima’ por una cuantía de $85.000.000.

El objeto contractual era la compra de insumos necesarios para mitigar el riesgo de contagio de la pandemia del coronavirus en el municipio de Cunday.

Para el ente acusador, se configuró una presunta apropiación indebida de los recursos por un valor de $54.685.799 por parte del contratista.

Al parecer el producto adquirido por la Alcaldía no cumplía con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), por lo que fueron decretados como fraudulentos.

En un problema similar se encuentra el alcalde del municipio de San Antonio, Jorge Iván Vásquez Martínez, ya que también suscribió un contrato con la empresa Fosther Servicios Integrales de Ingeniería S.A.S., por $24.576.020, la cual suministró insumos sin registro sanitario.

Por estas actuaciones indebidas la Fiscalía le imputó a Vásquez Martínez los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

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