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Formulan cargos al exalcalde de Mariquita por presuntas irregularidades en un contrato

La Procuraduría cuestionó al exmandatario por suscribir un contrato con una reconocida empresa de seguros.
Justicia
Autor: Fernanda Rojas
Autor:
Fernanda Rojas

Le formularon cargos al exalcalde de Mariquita, Álvaro Bohórquez Osma y la exsecretaria General Administrativa, Leidi Diana Rubio Aguirre, por parte de la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en un contrato adjudicado a una reconocida empresa de seguros.

En el contrato SAM-SBG-007-2015 suscrito con Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., el ente de control cuestionó al exmandatario por, presuntamente omitir su deber de vigilar y controlar la actividad precontractual y contractual.

Además, por delegar a la secretaria Rubio Aguirre el proceso de adquisición de pólizas para amparar los bienes muebles, inmuebles, vehículos y maquinaria del municipio.

Al parecer, en el pliego de condiciones se habría exigido a los oferentes tener en Mariquita una sucursal o agencia debidamente conformada, con duración mínima de un año.

Debido a ello, se habrían podido incumplir principios de la contratación estatal como la responsabilidad, transparencia y selección objetiva.

El Ministerio Público citó el artículo 12 de la Ley 136 de 1994 que establece que “los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos (…). En ningún caso (…) los representantes legales (…) quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”.

Con esta posible conducta, los exfuncionarios también habrían podido vulnerar el artículo 209 de la Constitución Política que señala que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)”.

La Procuraduría Provincial de Honda calificó provisionalmente la conducta de Bohórquez Osma como grave a título de culpa grave, y la de Rubio Aguirre como gravísima a título de culpa gravísima.

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