Fiscalía solicitó la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe por supuesto soborno de testigos
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La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes que el fiscal a cargo del proceso contra Álvaro Uribe, Gabriel Ramón Jaimes, solicitó audiencia ante un juez de conocimiento para pedir la preclusión de la investigación contra el exmandatario.
Según el fiscal Jaimes, algunas conductas que se le imputan al expresidente no tienen el carácter de delito y otras que si lo tienen no se le pueden atribuir a él.
"Luego de la valoración integral de los elementos probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al ex congresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe", señaló la Fiscalía en un comunicado.
La entidad no reveló más detalles sobre las evidencias que la hicieron llegar esta conclusión, que, según dijo, será presentada ante el juez penal de Circuito de reparto.
En los últimos días, sin embargo, se conoció que el fiscal Jaimes solicitó a operadores de telefonía celular información de unas tarjetas SIM encontradas en la celda de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra Uribe, que, supuestamente tendrían información sobre conversaciones sostenidas entre Monsalve y el senador Iván Cepeda, declarado como víctima en el proceso contra Uribe.
Asimismo, citó a Monsalve a rendir testimonio dentro del proceso, pero este se negó a presentarse a declarar, según manifestó su abogado, Miguel Angel del Río Malo, porque no tenía garantías para presentarse.
Tanto el abogado Del Río como el senador Cepeda manifestaron desde el fin de semana pasado que la decisión de solicitar la preclusión ya estaba tomada porque la Fiscalía actuaba más como parte de la defensa de Uribe que como organismo de investigación.
El caso de Uribe pasó a la Fiscalía luego de que el exmandatario renunció a su cargo. En el momento de su renuncia, estaba privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo señalaba de haber intentado, a través de su abogado Diego Cadena, ofrecer dinero y otro tipo de beneficios a testigos para declarar a su favor en las investigaciones que se seguían en su contra.
El proceso contra Cadena por estos mismos hechos se encuentra actualmente en etapa de juicio.
