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Fiscalía acusa al alcalde del Líbano de cometer cuatro delitos

El mandatario junto a un exfuncionario y un excontratista son acusados por las presuntas irregularidades en convenio del Plan de Acción Territorial.
Justicia
Autor: Fernanda Rojas
Autor:
Fernanda Rojas
Foto: Alcaldía Líbano

La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra el alcalde del Líbano, Jesús Antonio Giraldo Vega, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.

Junto al mandatario fueron acusados, según sus responsabilidades individuales, Humberto Lozano Moros, exsecretario del Interior del Municipio; y Jorge Eliécer Vásquez Lamilla, excontratista. 

De acuerdo con el ente acusador, Giraldo Vega celebró el convenio de cooperación interinstitucional N° 201 de diciembre de 2012 con la Fundación de Familias Desplazadas de Colombia por un Nuevo Amanecer, la cual está representada por Vásquez Lamilla.

El objeto de dicho convenio era la formulación e implementación del Plan de Acción Territorial (PAT) por un término de 10 días calendario y su valor fue tasado en $7’500.000. 

Esto se hizo sin la observancia de requisitos legales esenciales como estudios previos adecuados, señaló el despacho de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima de la Fiscalía que adelanta la investigación.

Lo anterior significa que no se hizo un estudio de mercado previo para calcular el valor estimado del contrato, desconociendo el principio de planeación que rige las actuaciones contractuales de las entidades públicas. 

Además, el referido convenio se celebró sin la existencia de la evaluación de idoneidad, experiencia, capacidad técnica y administrativa de la fundación, ni se verificó la existencia de inhabilidades e incompatibilidades, entre otras irregularidades más. 

Asimismo, el burgomaestre habría liquidado el contrato sin que las actividades relacionadas en el convenio se ejecutaran y evacuaran dentro del plazo pactado, violando así el principio de responsabilidad. 

Lozano Moros sirvió como supervisor del convenio pasando por alto todas las irregularidades que saltaban a la vista. Por su parte, el contratista, quien era representante de la citada Fundación, recibió el dinero sin haber ejecutado las actividades. 

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