Destapan escándalo de corrupción en El Espinal en un convenio para apoyar pequeños ganaderos
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Dos exsecretarios de la Alcaldía de El Espinal y dos particulares fueron imputados por la Fiscalía por graves irregularidades detectadas en un convenio celebrado en el año 2016, por $169.760.000, para apoyar a los pequeños y medianos ganaderos de esa población.
Los procesados son: Eder Augusto Rodríguez Molina y José David Palacios Gómez, exsecretarios de Hacienda y de Desarrollo Económico, respectivamente. Los dos deben responder por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
También fueron imputados Nancy Cortés Cardozo y Óscar Efraín Cortés Flórez, gerente y suplente, respectivamente, de la empresa Inagro S.A.S., por peculado por apropiación.
Ninguno de los cuatro investigados aceptó los cargos, informó el ente acusador.
Pese a ello, la Fiscalía advirtió que hay pruebas suficientes que comprometen a los exservidores públicos y a los dos empresarios en la apropaciación ilícita de recursos públicos.
“Se cuenta con elementos suficientes de prueba y evidencia física para demostrar que entre el 1 de diciembre de 2016 y el 26 de enero de 2017, los entonces funcionarios habrían permitido que Nancy Cortés Cardozo y Óscar Efraín Cortés Flórez se apropiaran de $69.670.050, producto del sobrecosto del convenio y su adición, mediante la suscripción de los documentos indispensables para acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas para el pago del valor del mismo otorgados por ellos”, advirtió el fiscal del caso.
La historia del convenio
El convenio suscrito entre la Alcaldía de El Espinal y la empresa Inagro S.A.S. tenía un plazo de ejecución de 40 días, pero, posteriormente, le hicieorn una adición por un valor de $76.000.000.
De acuerdo con la Fiscalía, los exfuncionarios celebraron un convenio para evadir la selección objetiva del contratista, a través de una licitación pública.
“Hubo un claro desconocimiento de los principios de economía, planeación y selección objetiva que rigen las actuaciones contractuales de las entidades públicas, el trámite se realizó sin la observancia de requisitos esenciales relacionados con los estudios previos elaborados por el secretario de Desarrollo Económico, quien era el supervisor del contrato”, sostuvo el ente acusador.
Por otra parte, se comprobó que al momento de estimar la cuantía del convenio y de la adición, se habrían tomado como referencia valores más altos que los reales del mercado.
“Tanto los semovientes como la asistencia técnica que fueron contratados tenían precios inferiores”, sostienen los investigadores.
De igual manera, se encontró que el convenio fue suscrito con una persona jurídica con ánimo de lucro, sin la idoneidad requerida para ejecutar el mismo.
“Inagro S.A.S. era una empresa comercial dedicada a la venta de productos agrícolas y estaba acreditada como entidad prestadora de servicios de asistencia técnica rural igualmente agrícola, no ganadera”, resaltó la Fiscalía.
