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Cargos fiscales contra el exalcalde Luis H. Rodríguez por descalabro en las piscinas de la calle 42

La Contraloría General pretende que el exmandatario, el Consorcio Unidad Deportiva 2015 y Fonade respondan por la pérdida de $1.919 millones.
Justicia
Autor: Unidad Investigativa
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Cargos fiscales contra el exalcalde Luis H. Rodríguez por descalabro en las piscinas de la calle 42
Foto: EL OLFATO

La Contraloría General imputó cargos fiscales contra el exalcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez por la pérdida de $1.919 millones de las obras inconclusas del Coliseo Menor y las piscinas de la calle 42 en 2015. 

La decisión vinculó al Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015 cuyo representante fue Jorge Alexander Pérez Torres, alias ‘El Chatarrero’, detenido desde hace tres años en la cárcel La Picota. 

De este hicieron parte la multinacional española Ortiz Construcciones, Triventi Ingeniería y Diseño de Ingeniería Especializada. 

De igual manera, al consorcio Interjuegos que lo integran la española LKS Colombia y Diego Fernando Fonseca Cháves.

En cuanto a entidades de orden nacional, se vinculó al exgerente de Fonade Alfredo Ramón Bula, pues tenía bajo su responsabilidad la supervisión de los convenios suscritos entre Coldeportes y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (Imdri) para la ejecución de las obras. 

Para la Contraloría, el exmandatario de manera “consciente y negligente” descuidó las obligaciones de los convenios interadministrativos suscritos con Coldeportes y pretendió desligarse de su responsabilidad delegando la construcción en el Imdri, creyendo que esto lo exoneraría de los compromisos como ordenador del gasto. 

“Él debió haber actuado frente a los reiterados incumplimientos por parte de contratista y de los cuales fue informado por parte de la firma contratista, y de esta forma hubiese menguado los efectos adversos al patrimonio estatal”, puntualizó el órgano de control.

En cuanto a Ortiz Construcciones y las otras empresas se les reprochó el mal manejo del anticipo, incumpliendo con el personal mínimo requerido en obra y si hubiesen actuado con buena fe, se habrían ejecutado los trabajos y el proceso de responsabilidad fiscal no hubiera prosperado.   

La firma Triventi intentó evadir su responsabilidad al argumentar que cedió su participación en el consorcio a la empresa Almodena S.A.S y que era representada por Olga Lucía Méndez Mora, esposa de ‘El Chatarrero’. 

Sin embargo, para la Contraloría esta cesión se hizo sin previa aprobación del Imdri por lo que la firma Triventi continuaba como integrante del consorcio. 

Otros posibles responsables 

La Contraloría General formuló cargos a Eusebio Agresott García, contratista de Fonade, entidad que fue contratada por Colportes para hacer seguimiento a los recursos del Gobierno Nacional. 

Para el órgano de control, la labor de Fonade y de los funcionarios designados era de índole administrativo, porque se limitaban a solicitar certificaciones de cumplimiento al Imdri, pago de parafiscales por parte del contratista, quedando en segundo plano la ejecución de las obras.

De igual manera, fueron imputados Sandra Yollima Rodríguez Guzmán, supervisora del contrato de obra 074 y quien era consciente y conocedora del incumplimiento contrato sin que llevara a cabo acciones efectivas para evitar dichas acciones por parte del consorcio. 

En cuanto a la interventoría, el órgano de control advierte que autorizó el pago de mayores valores contra un porcentaje de obra que no era acorde con los dineros desembolsados ni los plazos establecidos.

La Contraloría imputó a título de culpa grave los cargos a los exfuncionarios y excontratistas. 

Seis años y nada 

Pese a que las obras quedaron inconclusas en 2015, los escenarios de la Unidad Deportiva de la calle 42 continúan sin concluir. 

Las obras de urbanismo continúan en ejecución y el Municipio adelanta la licitación para construir las graderías.  Sin embargo, la Veeduría Agua para Ibagué cuyo representante es el ingeniero Luis Fernando Díaz, ha denunciado sobrecostos de más del 600 % en la compra de metalistería, además, ítems generales (electricidad) sin especificar. 

La Secretaría de Infraestructura suspendió el proceso con miras a dar respuesta a las observaciones realizadas por las veedurías y demás posibles oferentes.  

Dicha licitación supera los $13.000 millones. Sin embargo, el proceso no contempla la intervención en el vaso de la piscina.

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