Juez ordena al Contralor del Tolima entregar resultados de investigación por desfalco del Hospital Veterinario

Un fallo de tutela de segunda instancia emitido por la sala laboral del Tribunal Superior de Ibagué, le ordenó al contralor departamental, Edilberto Pava, tomar decisiones de fondo frente a las investigaciones que adelanta por el desfalco del Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima (UT). (Ver documento)

Esta obra que se contrató el 13 de agosto de 2014 por $6.139 millones, quedó inconclusa por los múltiples enfrentamientos que se presentaron entre los ingenieros William Cardona, Jorge Borgogno Arango y Renee López, integrantes del consorcio CLB 2014, responsable de la construcción del fallido hospital.

Han pasado casi cuatro años y la Contraloría del Tolima no ha podido encontrar ningún responsable del millonario detrimento patrimonial, pese a que el ingeniero William Cardona denunció -con soportes documentales- varias irregularidades como el giro de $765.758.078 que hizo la UT a una cuenta personal de su colega Jorge Borgogno, como aparece probado en los expedientes.

Borgogno no ha entregado explicaciones sobre el uso que le dio a los dineros oficiales porque, dice él, se trata de su cuenta bancaria personal.

¿Contraloría mirando para otro lado?

Ante la falta de acciones por parte de la Contraloría del Tolima, el ingeniero William Cardona solicitó a esta entidad, a través de un derecho de petición, que le informara qué avance había tenido su denuncia y si existían méritos para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal, pero la respuesta además de no ser clara, está incompleta.

Por esa razón, Cardona interpuso una acción de tutela, que en primera instancia fue negada el 23 de enero de 2018 por el Juzgado Cuarto laboral del circuito de Ibagué, pero en segunda instancia favoreció al contratista denunciante. La magistrada Gilma Leticia Parada, ponente de la tutela, subrayó que la Contraloría del Tolima debió terminar la auditoría en seis meses e informarle al denunciante si había o no méritos para formalizar la investigación fiscal, “lo que en el presente asunto no aconteció, pues entre la recepción de la denuncia (de marzo de 2016) y la notificación del informe definitivo al peticionario (4 de octubre de 2017) transcurrió un periodo de un (1) año y siete (7) meses”.

Ante esta maniobra dilatoria, la sentencia ordena al contralor Edilberto Pava que “proceda en el término de treinta (30) días siguiente a la notificación, dada la complejidad del asunto, a emitir un pronunciamiento de fondo”.

La excusa del Contralor del Tolima

El contralor departamental, Edilberto Pava, justificó la falta de decisiones asegurando que las irregularidades detectadas en el desembolso de recursos por parte de la Universidad del Tolima son todavía materia de “controversia” y ni la Fiscalía ni la Procuraduría han tomado decisiones penales y disciplinarias. A través de un comunicado de prensa, el funcionario aseguró que existiría un presunto detrimento patrimonial de $3.419 millones, pero no se atrevió a decir quiénes serían los responsables del mal manejo de estos dineros oficiales.

Asimismo, afirmó que las decisiones de fondo las tomará dentro de los plazos que le otorga la ley y que no existe riesgo de vencimiento de términos para favorecer a los involucrados. En diciembre del año 2016, en una rueda de prensa, Pava indicó lo mismo, pero no ha cumplido. En ese entonces dijo: “Actualmente ya están los auditores trabajando en el Hospital Veterinario. Esperamos que el próximo año (2017) tengamos el informe final, aunque lo más probable es que haya uno preliminar este año”, dijo el Contralor Departamental.

Lo único que vieron

Del derecho de petición presentado por el ingeniero William Cardona, el único punto en el que la Contraloría del Tolima quiso ahondar, fue en las irregularidades que se cometieron al momento de legalizar el millonario contrato, debido a que la Universidad no les exigió el pago de las estampillas al consorcio CLB Tolima 2014. Gracias a la alerta de Cardona, el ente de control fiscal ordenó recuperar $304.991.496, pero tampoco se sabe quiénes tendrán que pagar esos dineros. “Está en averiguación de responsables”, dijo Pava.