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El ‘errorcito’ del exconcejal Juan Pablo Salazar que le costaría a Ibagué $1.000 millones

El expersonero Wilson Prada, quien salió del cargo por orden del Consejo de Estado, busca una indemnización del Municipio por las irregularidades del concurso de méritos ordenado por el exconcejal Conservador.
Investigación
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué
El ‘errorcito’ del exconcejal Juan Pablo Salazar que le costaría a Ibagué $1.000 millones

Los líos que le han generado los concejales y exconcejales a la ciudad, por las elecciones irregulares de personeros y contralores de Ibagué, parecen una historia de nunca acabar. (Ver: Las razones del Tribunal Administrativo del Tolima para suspender al Personero de Ibagué)

Ahora, el expersonero Wilson Prada busca que el Concejo y la Alcaldía de Ibagué lo indemnicen a él, a su esposa y a sus dos hijos por los daños y perjuicios causados por su salida anticipada del cargo, debido a las irregularidades detectadas en el concurso de méritos que contrató el exconcejal conservador Juan Pablo Salazar en el año 2019, cuando ejercía como presidente de esa corporación. (Ver: Consejo de Estado ratificó nulidad de la elección del expersonero Wilson Prada; habrá nuevo proceso de selección)

Prada fue elegido por el Concejo Municipal, el 27 de febrero de 2020, y su periodo terminaba el 29 de febrero del año 2024. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Tolima, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda, determinaron que su elección estaba viciada, pues la entidad encargada del proceso, la Corporación Centro de Consultoría, Investigación y Edición Socio Económica -CCIES-, no era idónea para ejecutar este tipo de procesos. 

En razón a esto, Prada pretende que el Concejo y la Alcaldía de Ibagué les paguen una indemnización de $1.000 millones por los salarios, prestaciones y demás emolumentos, y por los perjuicios morales causados a su familia. (Ver: Wilson Prada presentó su renuncia al cargo de Personero de Ibagué)

Según el expersonero, el error detectado en la contratación de la entidad que ejecutó el concurso de méritos no es su responsabilidad y que él actuó de manera correcta.

Por eso, a través de su abogado Andrés Mauricio Colmenares, convocó a una audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación. 

Este es un requisito previo, antes de iniciar la reclamación administrativa contra las dos entidades.

“Que en virtud del principio de confianza legítima que se adquiere a los mi poderdante presentarse y ajustarse a las etapas y requerimientos de un concurso de méritos para proveer el cargo de Personero y la escogencia de las entidades encargadas de acompañar el concurso es ajeno a mi poderdante, así como las decisiones propias del Concejo de Ibagué”, dijo. 

La respuesta del Concejo de Ibagué

El presidente del Concejo de Ibagué, Edward Toro, dijo que la entidad está a la espera que la Procuraduría General de la Nación fije la fecha de la conciliación y el equipo jurídico de la Administración Municipal definirá si hacen algún arreglo o no. 

“Para esa conciliación se debe reunir un comité de conciliación, que decidirá si se concilia o si no se concilia. Si se concilia, ahí acaba el proceso. Si no se concilia, eso habilita al abogado del doctor Wilson Prada para que demande ante la justicia administrativa a través de algo llamado medio de control de reparación directa. Y se cita a la Alcaldía porque tiene la Personería jurídica del Concejo, es decir: si esa demanda se llegara a perder, la plata sale del Municipio”, explicó Toro.

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