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¿Corrupción con los recursos de la salud? La promesa del hospital que no se construyó

La no ejecución de las obras a un año de su anuncio, la llegada del ingeniero Olaguer Agudelo Prieto con una participación del 90 % en el Consorcio Hospital Rioblanco y la falta de claridad en la legalización del contrato de la construcción del nuevo hospital en Rioblanco, tiene en el ojo del huracán una obra que se proyectaba como bandera en el sur del departamento.
Investigación
Autor: Redacción Ibagué
Autor:
Redacción Ibagué
¿Corrupción con los recursos de la salud?  La promesa del hospital que no se construyó

A un año de que se adjudicara la construcción del Hospital María Inmaculada de Rioblanco y que la misma fuera celebrada por el exsecretario de Salud del Tolima, y hoy candidato a la Alcaldía de Ibagué, Jorge Bolívar, se conoció que el avance físico de la obra es nulo.

Este proyecto, que tiene un costo de $10.320 millones y tiene por finalidad la edificación de este nuevo centro de atención médica en el sur del departamento, fue entregado a manos del Consorcio Hospital Rioblanco; su representante, desde hace 12 meses, nunca llevó al municipio un trabajador o alguna maquinaria.

En el 2022, esta obra fue celebrada con ‘bombos y platillos’ por el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, y hoy está catalogada como en riesgo de engrosar la lista de ‘elefantes blancos’ por parte de la misma Contraloría Departamental.

Pese a que la obra lleva un año abandonada, la Secretaría de Salud del Tolima no ha tomado acciones en contra del contratista, pues a la fecha no le ha sancionado, ni declarado el siniestro al proyecto.

Lo anterior, a pesar de que en el pasado se le habían hecho cuatro requerimientos al consorcio Hospital Rioblanco para que realizara las gestiones en lo que respecta a legalizar el contrato.

La tolerancia de la gobernación de Ricardo Orozco ha sido tanta, que le permitió ceder el contrato y dejar entrar en la obra al cuestionado ingeniero Olaguer Agudelo Prieto, señalado de haber abandonado varias obras en el país y de ser el verdadero dueño del millonario contrato del puente de la calle 60 en Ibagué.

¿Una licitación con nombre y apellido?

Al inicio, todo parecía indicar que quienes ejecutarían este proyecto serían Saín Espinosa Murcia, socio mayoritario del consorcio con el 95%, y de la empresa Interambiente Ingeniería SAS, con el restante 5% del negocio. Sin embargo, luego de varios meses, todo cambió.

“La Secretaría de Salud Departamental terminó aprobando una ‘reconformación’ del consorcio, debido a que los proponentes hicieron una solicitud de modificación”, mencionó Katherine León Miranda, encargada de la Dirección de Contratación de la Gobernación.

Dicha modificación permitió el ingreso del ingeniero Olaguer Agudelo al millonario negocio de la construcción de este hospital, el cual será financiado con recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). 

Logró ser parte del consorcio con una participación del 90%, mientras que Saín Espinosa Murcia pasó a tener tan solo una participación del 10%; la empresa Interambiente Ingeniería SAS., salió del negocio. 

Fuentes afirmaron a EL OLFATO que todo este proceso habría sido planeado detalladamente para, finalmente, otorgar este ‘jugoso’ contrato al ingeniero Olaguer, quien sería un amigo cercano al gobernador Ricardo Orozco Valero.

En el seguimiento a esta investigación, esta redacción pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad del despacho del gobernador entre el jueves 8 y viernes 9 de junio de 2023, época en la que se habría reunido el mandatario seccional y el ingeniero para discutir aparentemente sobre el contrato, sin embargo, desde el Gobierno Departamental se explicó que este lugar no cuenta con cámaras de seguridad. 

Adicionalmente, durante un mes, este medio ha solicitado información a través de derechos de petición y llamadas constantes a los funcionarios, quienes no atendieron o no dieron respuesta oportunamente, entorpeciendo la labor periodística de este medio de comunicación.

Una asesora de la Gobernación contestó de manera escueta que, durante esos dos días de junio, no hubo citas en el despacho y tampoco se evidenciaba alguna reunión pendiente en la agenda del mandatario seccional. 

¿Sin inicio a la vista?

A pesar de los inconvenientes para esclarecer qué está ocurriendo con este proyecto, El OLFATO conoció que el nuevo representante del consorcio no ha logrado legalizar el contrato, motivo por el cual la Secretaría de Salud Departamental realizó un requerimiento al consorcio.

Esto pone en evidencia que el anhelado hospital de Rioblanco está lejos de ser una realidad, pues la parte contractual aún no se adelanta como debe ser.

Todo pareciera estar como al inicio, cuando Jorge Bolívar, en su rol de secretario de Salud, dejó andando este contrato. Finalmente, quien ordenó el gasto para este proyecto fue su sucesora Martha Palacios Uribe, quien hoy funge como secretaria general de la Gobernación. 

Igualmente, como supervisora del contrato estaba, según información del Secop II, Victoria Eugenia Núñez Aguir, directora de Oferta de la Secretaría de Salud. 

Pese a que el nombre de muchos funcionarios de la Gobernación está ‘salpicado’ en este proceso, pareciera que ninguno tiene respuesta con respecto al nulo avance de dicho contrato.

¿Diferencias políticas?

Casi un año de espera sin ver ejecución en la obra, naturalmente despertó suspicacias en la Alcaldía de Rioblanco.

Más aún, cuando desde el comienzo hubo sospechas de que este millonario contrato lo habría querido manejar a su disposición la Gobernación del Tolima, en cabeza de Ricardo Orozco.

“Nosotros tenemos una preocupación muy grande, porque cuando hicimos el empalme en el 2019, ya se le habían asignado los recursos al hospital y el ejecutor iba a ser el municipio, pero una vez ganó Elizabeth Barbosa - quien tiene una tendencia política diferente a la ‘barretista’ - cambiaron al ejecutor”, explicó Adriana Quiceno, gerente del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial del Municipio.

Según aclaró la funcionaria, la Alcaldía quedó relegada de cualquier función de supervisión de la obra, y sobre la misma, únicamente recayó la responsabilidad de llevar a cabo el Plan de Contingencia, que consiste en el traslado de los servicios de salud, adecuando las infraestructuras donde funcionará de manera transitoria el hospital, mientras se ejecutaba la obra.

Conforme a las aplicaciones de Quiceno, cuando los entes de control empezaron a indagar por el nulo avance del proyecto, la Administración Orozco habría intentado ocultar el enredo con el contratista, argumentando que la Alcaldía de Barbosa no había cumplido con el Plan de Contingencia.

Sin embargo, el municipio ejecutó tres contratos y logró hacer el traslado de algunos servicios del hospital hacia otros puntos con la esperanza, en vano, de conocer al contratista y que este iniciara labores.

Al margen de la presunta reunión en el despacho del gobernador y de la cesión del contrato, no fue sino hasta hace unas semanas - según la versión de la Alcaldía de Barbosa - que conocieron los cambios de representación del consorcio.

Esto causó dudas sobre si, lo hecho por Saín Espinosa Murcia y Olaguer Agudelo - con complicidad de la Gobernación -, no es más que una movida irregular con falsas pretensiones de transparencia.

Control fiscal

EL OLFATO habló con Carolina Giraldo, contralora Departamental del Tolima, para intentar encontrar en el ente de control las respuestas que la Gobernación no supo ofrecer de manera satisfactoria.

Aunque la competencia de esta obra recae en la CGR al financiarse con dineros del orden nacional, Giraldo explicó que, hasta donde se ha podido establecer, la ejecución del contrato no ha empezado y que se encuentra suspendido.

Al hallarse el proyecto en este estado, “la CGR no ha tenido competencia para hacer auditoría, pues según la ley, las acciones de la entidad son posteriores”, señaló la contralora Departamental.

Conformaron y ‘desbarataron’

EL OLFATO consultó un experto en temas de contratación, quien indicó que en todo el proceso hay presuntas inconsistencias.

El primero de ellos es que no es frecuente “que se conformen consorcios para después desbaratarlos”, sino que se crean para poder llenar los requisitos que están en el pliego de condiciones, los cuales, generalmente, están relacionados con factores económicos, capacidad financiera, experiencia y especialmente, capacidad de contratación.

“Es extraño que el consorciado mayoritario - que se supone que es el que más experiencia tiene y capital - ahora resulte ser minoritario”, por lo que consideró necesario revisar si cambió el pliego de condiciones respecto a las capacidades técnicas y de contratación de la persona que presenta la oferta, pues si no es así se estaría vulnerando lo exigido por el contratante.

Lo que llevaría a que la modificación fuera vista como anormal e incluso ilegal.

Finalmente, cabe resaltar que en las contrataciones públicas la interventoría juega un papel fundamental, pues debe estar pendiente del desarrollo de la obra, las suspensiones o prórrogas que hubiere, todo ello debe quedar en los informes, igualmente, tiene la responsabilidad de explicar por qué no avanzan las obras y estar atento a las cláusulas, pólizas o causas establecidas para hacer la liquidación.

En el caso de la construcción del nuevo hospital María Inmaculada de Rioblanco, el encargado es el Consorcio Interventoría Hospital, representado legalmente por Marcela Patricia Baquero Aponte, cuyo trabajo no se ha dejado ver.

El valor del contrato es de $599 millones y fue adjudicado por resolución en octubre de 2022.

 

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