Contratista demandará a la Alcaldía de Ibagué por obras inconclusas del Centro Regional de Víctimas

La no terminación de la construcción del Centro Regional de Víctimas se suma al historial de obras inconclusas en Ibagué y el Tolima.

En casi un año de ejecución solo se logró avanzar un 24%, posterior a ello llegó la pandemia generada por el COVID-19 y todo se paralizó por más de un año.

En abril, la Alcaldía de Ibagué emitió una resolución ordenando al consorcio Betar a reiniciar de manera unilateral los trabajos, a lo cual el contratista se negó, hasta que de manera escrita se le garantizara ampliar por cinco meses el plazo del contrato y reconocer los dineros asumidos en el alquiler de equipos, vigilancia, implementación de los protocolos de bioseguridad, todos estos costos no imputables al consorcio.

No obstante, la Administración Municipal, a través de la resolución 0048 de junio de este año, sancionó al contratista, hizo efectiva la cláusula penal y liquidó unilateralmente el contrato. La obra quedó sin concluir. 

EL OLFATO habló con Antonio Domínguez González, representante de Begar Andina S.A.S, una de las dos empresas del consorcio Betar, y quien dice que la intención siempre fue terminar la construcción del Centro Regional de Víctimas.  

Según el empresario, hubo errores en los diseños y aspectos ajenos a la ejecución del contrato como la no obtención de permisos ambientales por parte del Municipio, problemas con redes de energía y manejo de aguas negras que retrasaron la ejecución del proyecto. 

Begar Andina, de capital español, advierte que demandará al Municipio por los daños y perjuicios ocasionados, pretensiones que ascienden a los $1.500 millones. 

EL OLFATO: ¿Por qué no se pudo llevar a buen término la obra? ¿De quién fue la responsabilidad? 

Antonio Domínguez González: La Alcaldía no ha querido que se termine. Ha sido una obra que desde el inicio estuvo mal planificada, tuvo muchos problemas y las cosas se volvieron de imposible ejecución a raíz de la pandemia, porque el 20 de marzo la obra se suspendió cuando le quedaban al menos 20 días de plazo aproximadamente. Entonces, era imposible, con las nuevas condiciones de la pandemia, terminar la obra en ese plazo.

Nosotros solicitamos que se hiciera una reprogramación de la obra, que se tuvieran en cuenta los costos de los protocolos de bioseguridad y de la paralización que fue un año: alquileres, formaleta, equipos, seguridad y vigilancia, que se nos reconocieran todos esos gastos y la Alcaldía se negó absolutamente. 

E.O.: ¿Hubo problemas en los diseños? 

A.D.G.: Sí, el proyecto tal y como estaba concebido era de imposible ejecución ya que la cota de cimentación no correspondía con la realidad de la obra. Lo primero que hubo que hacer fue bajar la cota un metro 60 y eso conllevó a un movimiento de tierras, y de dificultades técnicas que retrasó la normal ejecución del proyecto.

Había una línea de alta tensión que atravesaba el lote y que pasaba justo por encima del edificio C. Nosotros, en el contrato, teníamos previsto la ejecución de los tres bloques al mismo tiempo, pero no lo pudimos hacer porque estaba la línea de alta tensión y apareció un manejo de aguas residuales del lote contiguo al nuestro que no estaba contemplado y que nos perjudicó en la ejecución de la obra, teníamos que bombear continuamente agua, se nos inundaban las zapatas y fue bastante complejo el tema. 

E.O.: ¿Cuál fue la respuesta de la Alcaldía de Ibagué ante todos estos inconvenientes? 

A.D.G.: Más que de la Alcaldía de Ibagué, quien resuelve los problemas técnicos es la interventoría que nunca nos dio respuesta a todos los problemas. Nos sorprende, por no decir menos, la ineptitud de la interventoría. 

E.O.: ¿Con todos estos inconvenientes en cuánto se proyectaba la terminación de la obra?

A.D.G.: Nosotros en nuestra propuesta para el reinicio de la obra, solicitábamos cinco meses. 

E.O.: Una de las cosas que más se reprocha es que solo hubo un avance del 24 % en el proyecto...

A.D.G.: Sí, la obra evidentemente no se hizo en los plazos previstos por todos los inconvenientes técnicos y por otra parte por los incumplimientos en los pagos por parte de la Alcaldía.

Otra de las dificultades y que quiero dejar claro es que este contrato no tuvo anticipo, porque leí en alguna oportunidad que nos habíamos robado el dinero del anticipo y quiero dejar claro que no hubo.

Todo el dinero que está metido en la obra es dinero del contratista, porque la Alcaldía se retrasó muchísimo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de pagar en los plazos establecidos. 

E.O.: ¿Cuántas actas parciales radicaron y quedaron pendientes?

A.D.G.: creo que del orden de seis actas se radicaron y quedaron pendientes por pagarnos cerca de $250 millones que la Alcaldía no nos pagó y que eran de obra ejecutada. Estos dineros fueron reconocidos en la liquidación del contrato, pero que el Municipio de una manera arbitraria e ilegal nos aplicó una multa y la cláusula penal y ese saldo que estaba a favor del contratista lo cogió a cuentas de esas multas. 

E.O.: ¿Cuál fue la posición de la actual Administración?

A.D.G.: Nosotros vinimos en dos ocasiones a reunirnos con la secretaria, con el supervisor del contrato y la interventoría y parecía que todo iba bien. Nosotros pusimos sobre la mesa nuestras pretensiones y la más importante era la reprogramación de la obra, ya que como quedaban 20 días para terminarse el contrato era imposible culminar. La interventoría reconoció que hacían falta cuatro meses y 20 días, casi cinco meses para terminar la obra. 

Lo que nosotros queríamos era que la Alcaldía nos reconociera, antes del reinicio de la obra, ese plazo. Nos daba miedo y por las muestras de mala fe que habían demostrado a lo largo del contrato, iniciar sin tener asegurado el plazo, porque era ir encaminados a un incumplimiento seguro. 

Nadie puede hacer lo que es imposible hacer. Nosotros dijimos reiniciamos, pero que el plazo sea de cinco meses. Nos dijeron: 'tu reinicia y después ya lo haremos' y dijimos no retomamos en esas condiciones, pero nuestra voluntad fue siempre terminar la obra a satisfacción. 

E.O.: ¿Van a iniciar acciones legales en contra del Municipio? 

A.D.G.: Sí, ya presentamos la conciliación a la Procuraduría y que salió fallida, porque la Alcaldía de Ibagué no quiso conciliar y nosotros vamos a presentar una demanda para que se nos reconozca la obra no pagada y los gastos que asumimos por la paralización que tuvo el proyecto. Todo eso asciende a alrededor de los $1.500 millones.