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Investigación de los mercados de la Alcaldía de Ibagué podría pasar a manos de la Contraloría General

La investigación preliminar que estableció 15 posibles irregularidades en la ejecución de cuatro contratos cuyo valor asciende a los $5.934 millones, podría quedar bajo la lupa del órgano de control nacional.
Nación
Autor: Juan David Ortiz
Autor:
Juan David Ortiz
Exclusivo

En diálogo con EL OLFATO, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, anunció que la investigación que actualmente adelanta la Contraloría Municipal sobre presuntos sobrecostos en los mercados adquiridos por la Alcaldía de Ibagué, podría pasar a manos de su entidad. (Lo que se desconocía de los $16.000 millones en contratos que entregó la Gobernación del Tolima por la emergencia del coronavirus)

Asimismo, el jefe del organismo de control se refirió a cómo avanzan las investigaciones de los contratos celebrados por la Gobernación del Tolima para la atención humanitaria en medio de la pandemia del COVID-19.

EL OLFATO: Cuando usted dijo que Ibagué estaba entre las nueve ciudades capitales en las que no se habían encontrado sobrecostos en contratos, ¿a qué contratos se refería?

Felipe Córdoba: A contratos distintos a aquellos que ya venían siendo revisados por la Contraloría Municipal de Ibagué dentro de la órbita de su autonomía e independencia. (Polémica: Contraloría de Ibagué desmiente a la Contraloría General y asegura que sí hubo sobrecostos en los mercados que compró el alcalde Hurtado)

Sin embargo, el hecho de que en desarrollo de ese seguimiento de carácter preventivo la CGR no haya detectado hasta la fecha riesgos en algún contrato, de ninguna manera descarta que existan o que puedan encontrarse presuntas irregularidades, que para el caso que nos ocupa, ya han sido detectadas por la contraloría territorial de Ibagué.

E.O: ¿Qué contratos analizó su entidad para hacer esa afirmación?

F.C: Nuestra lectura inicial se concentró en contratos seleccionados y analizados hasta ahora por nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), y en los que no se evidenciaron presuntos sobrecostos.

E.O: Después de este incidente, unos concejales de Ibagué piden que usted asuma la investigación de los mercados que compró la Administración Municipal. ¿Lo hará? (Concejales y diputados enviarán informe al Contralor General sobre presuntos sobrecostos en mercados de Ibagué)

F.C: Lo haría en la medida en que cualquier solicitud sobre el particular se ajustara a los requisitos señalados taxativamente por las normas sobre la materia. El artículo 23 del Decreto Ley 403 de 2020 determina quiénes son los sujetos calificados para formular una solicitud de intervención y el capítulo siete del mismo cuerpo normativo se refiere a las condiciones en las que el Contralor General de la República podría decidir desplazar en sus competencias a la contraloría territorial y asumir el conocimiento de un asunto en particular.

E.O: De otro lado, ¿Cómo avanzan las investigaciones de la contratación de emergencia de la Gobernación del Tolima?

F.C: En este momento tenemos en marcha dos indagaciones preliminares relacionadas con contratos suscritos por la Gobernación para la compra de alimentos por cerca de $11.000 millones.

Con la consolidación de la evidencia disponible, dentro del marco de las garantías legales y procesales, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, estará tomando pronto las decisiones a que haya lugar.

E.O: ¿Qué destaca de lo encontrado hasta el momento?

F.C: Hemos alertado sobre presuntos sobrecostos del 28% en un contrato de $5.500 millones, que tiene por objeto el suministro de 55.000 kits alimenticios y de elementos de aseo para la atención humanitaria de la población tolimense.

Hay una segunda indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 31% en el contrato de suministro, por valor de $5.000 millones, cuyo objeto fue contratar el suministro de 50.000 kits alimenticios”.

E.O: ¿Es cierto que varios de esos contratos no se ejecutaron en su totalidad, después de las alertas emitidas por los entes de control?

F.C: En algunas regiones del país los gestores fiscales, es decir, los responsables del manejo de recursos públicos han enmendado errores en la contratación y otros, ante el alcance de las alertas emitidas, han preferido no ejecutarlos. Por esa vía hemos logrado salvaguardar recursos del orden de los $25.000 millones.

E.O: ¿Eso probaría una falta de planeación en la ejecución de los recursos públicos?

F.C: Evidentemente la falta de planeación es uno de los problemas estructurales de la crisis que históricamente ha enfrentado la contratación pública en Colombia. Pero estoy convencido de que las facultades de control preventivo que nos da el nuevo Sistema de Control Fiscal nos permitirán ayudar a corregirlo con sentido de oportunidad y en defensa del interés público.

E.O: ¿Cuándo se conocerán resultados y actuaciones definitivas en las investigaciones sobre la contratación de Ibagué y el Tolima?

F.C: Antes de que posibles perjuicios fiscales conviertan en irrecuperables los recursos afectados. Eso significa que actuaremos con criterio de oportunidad, pero sin vulnerar las garantías procesales de los posibles implicados en las conductas reprochables.