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Wilson Leal

Columnista ElOlfato.com

Innovando

Al borde del límite de iniciarse la restricción de la Ley de Garantías electorales para celebrar convenios interadministrativos, el delegado para la ordenación del gasto en el municipio de Ibagué, el Doctor Juan Vicente Espinosa, celebró un convenio interadministrativo con la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P, entidad pública del Valle.

El convenio celebrado tiene por objeto: "Aunar esfuerzos para optimizar y modernizar la gestión tributaria en el municipio de Ibagué, en especial el recaudo de cartera, para lo cual la entidad del valle presta sus servicios de apoyo a la gestión para diagnosticar e implementar una solución integral de tecnología, información y comunicaciones en el municipio de Ibagué."

Tras el rimbombante nombre del convenio, en el que en últimas, el cooperante define que hay que comprar para implementar un software de cartera para el área de cobro coactivo del municipio, se esconden múltiples inconsistencias jurídicas que debieran llamar la atención de los organismos de control.

Saltan a la vista en una primera lectura las siguientes perlas:

PRIMERA: Si bien el convenio manifiesta que “en principio” “no generará erogación para el municipio de Ibagué”, anticipa que este, asumirá los costos de las herramientas que apruebe la mesa técnica como consecuencia del diagnóstico que el cooperante valluno defina.

La particularidad de esta extraña estipulación, es que, desde ya el municipio, acepta asumir los costos que establezca un tercero, en el marco de una denominada “mesa técnica”, y en particular al cooperante que se consiguieron para esa vuelta se le confiere la facultad de ordenación del gasto.

SEGUNDA:  A pesar de que en la práctica se están comprometiendo recursos que superan los cincomil millones de pesos, según nuestras fuentes; por ninguna parte se acompaña el convenio de una disponibilidad presupuestal, violando de esta manera las reglas legales que señalan la imperiosa necesidad de amparar los compromisos con certificados de disponibilidad.

TERCERA: Como la duración del contrato esta establecida en cinco meses, para que su ejecución alcance a ser concluida en su fase de diagnóstico en este año; al acordar que el Municipio asumirá el costo de las herramientas que defina la llamada “mesa técnica”, se esta encubriendo que el municipio, violará las reglas del régimen de vigencias futuras, al comprometer veladamente el presupuesto del año 2020.

Perlas estas que se desprenden de una primera lectura del pomposo convenio. ¿Qué más se encontraría si tuviéramos organismos de control activos y vigilantes?