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Imponen 11 años de inhabilidad y suspensión a la secretaria de Cultura de Ibagué

La funcionaria fue sancionada por la adjudicación a dedo del contrato del fallido concierto de Carlos Vives. Prada actuó como contratante y ordenadora del gasto por instrucción del alcalde Jaramillo, quien suele delegar estas responsabilidades para evitarse riesgos jurídicos y trasladárselos a sus inmediatos colaboradores.
Investigación
Autor: Luis Eduardo González
Autor:
Luis Eduardo González
Exclusivo
Foto: EL OLFATO

Comienzan a conocerse las consecuencias del polémico contrato que adjudicó -a dedo- la administración del saliente alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo a la empresaria Carolina Barrios para el fallido concierto de Carlos Vives, proceso contractual que fue denunciado por el periódico EL OLFATO. (Las presuntas irregularidades del contrato de $2.964 millones para el concierto de Carlos Vives en Ibagué)

La Personería de Ibagué impuso una dura sanción a la secretaria de Cultura Municipal, Cristina Prada, por la suscripción del contrato 1804, del 11 de abril de 2018, por $2.964 millones para la frustrada presentación del artista samario durante las pasadas fiestas del folclor. (Pliego de cargos a la Secretaria de Cultura de Ibagué por firma de contrato para concierto de Carlos Vives)

En el fallo de 48 páginas, la Personería resolvió destituir e inhabilitar por 11 años para ejercer cargos públicos a la secretaria Cristina Prada. La funcionaria actuó como contratante y ordenadora del gasto por instrucción del alcalde Jaramillo, quien suele delegar estas responsabilidades para evitarse riesgos jurídicos y trasladárselos a sus inmediatos colaboradores.

Según la investigación, la señora Prada vulneró los principios de economía y transparencia al contratar de manera directa un espectáculo musical que debió suscribirse a través de una licitación pública, como lo advirtió en su momento este medio de comunicación.

Recordemos que la Alcaldía de Ibagué defendió la contratación de la empresaria Carolina Barrios con el argumento que ella era la única representante del cantante Carlos Vives en el Tolima, situación que fue desmentida por el equipo jurídico del artista, a través de un correo electrónico enviado a esta redacción. 

Además, la secretaria de Cultura, Cristiana Prada, y la directora de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué, Jennifer Aya, decidieron ‘colgarle’ a este contrato la adquisición de otros servicios como el sonido, la iluminación, el tapete para la grama del Estadio Manuel Murillo Toro, la boletería y hasta la publicidad, cuando lo correcto era abrir una licitación pública puesto que en el sector de la logística hay pluralidad de oferentes. (Se cayó el concierto de Carlos Vives y Alcaldía admite que cometió irregularidades)

“No solo contrató a una persona jurídica que se obligaba a traer los artistas, sino que además, dentro de los ítems o bienes contratados incluyó la parte logística del evento, siendo que esos bienes debieron ser adquiridos, arrendados y/o escogidos por el Municipio a través de otro proceso de selección pertinente, en el cual se garantizara la pluralidad de oferentes, o por lo menos, con el que no se llegase a cometer la conducta que cometió desconociendo el ordenamiento jurídico que regula este tipo de negocios contractuales estatales”, reza el fallo.

Asimismo, la Personería comprobó que la funcionaria, desde los estudios previos, direccionó indebidamente el contrato para disfrazarlo como una prestación de servicios profesionales, cuando lo correcto era una licitación pública.

“Es por esto, que no cabe duda para el despacho, que en contravía de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, desconociendo los principios de planeación, transparencia, responsabilidad, selección objetiva, que protegen la contratación estatal, la funcionaria Prada Quiroga, actuando como funcionaria que tenía a cargo la función de la gestión contractual de manera directa con el desarrollo de la etapa precontractual con la edificación de los estudios previos, solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y en la etapa contractual (…) suscribió un contrato que no era aceptable legalmente que se adelantara, puesto que del objeto, los bienes y servicios contratados, se entendía que mediante la modalidad y la tipología contractual usada no fue la correcta o indicada”, resaltó el ente de control.  

“Este fallo de primera instancia fue notificado oficialmente y ahora la funcionaria podrá apelar la decisión en la Procuraduría Regional del Tolima, despacho que conocerá la segunda instancia”, dijo el personero de Ibagué, Camilo Ossa.

Prada se defendió diciendo que no es abogada y que recibía órdenes de Jaramillo

La secretaria de Cultura Municipal, Cristina Prada, se defendió en esta investigación indicando que ella no era abogada y que desconocía las normas sobre contratación estatal, responsabilizó de las faltas a sus asesores y hasta afirmó que ella simplemente atendió órdenes del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

“El apoderado de la señora Prada Quiroga, pone de presente, que el perfil profesional y académico de su cliente no guardan relación o conocimiento alguno con el Derecho Contractual Estatal, Derecho Administrativo o ciencias afines, de ahí que se encontraba rodeada de un grupo interdisciplinario, quien (sic) la acompañaba y asesoraba en diversos temas, incluida, la decisión de suscribir el citado contrato de prestación de servicios”, dice el fallo.

En cuanto al mandatario local, la defensa de Prada señaló: “Por lo tanto, de ninguna manera se puede pretender la responsabilidad de mi cliente, máxime que, de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente contractual, tenemos una orden expresa dada por escrito por parte del Alcalde Municipal de Ibagué, lo que pone una obligación de cumplir con lo requerido por la máxima autoridad del municipio”.

Seguramente, el abogado de la funcionaria se refería a la carta que le envió el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo a la empresaria Carolina Barrios, meses antes de la suscripción del contrato, en la que le anunciaba oficialmente que ella recibiría el millonario contrato a dedo, es decir, de manera directa, como lo reveló también EL OLFATO.

La misiva decía lo siguiente: “… el contrato se celebrará de manera directa con Sociedad CB Eventos y Producciones S.A.S (…) Es por ello que solicitamos a Sociedad CB Eventos y Producciones iniciar gestiones y trámites contractuales con los proveedores y representantes de artistas, con el fin de garantizar la disponibilidad y contratación  de estos, teniendo en cuenta que mediante el presente documento garantizamos que el proceso contractual ya está en marcha y que los tiempos obedecen al cumplimiento de las leyes de contratación pública, encontrándonos en este momento todas las dependencias orquestadas para poder firmar el contrato lo más pronto posible con la empresa contratista”. Esa comunicación está firmada por el alcalde Jaramillo y su secretario de Hacienda, Juan Espinosa.

Dentro del proceso, la Personería desestimó el argumento de defensa presentado por la secretaria de Cultura, Cristina Prada.

“Se concluye por parte del Despacho que, si bien la investigada tuvo apoyo jurídico del contratista César Augusto Arango Díaz y como soporte técnico al contratista Gabriel Alonso Medina Bello, para el desarrollo de la etapa precontractual del proceso (…) dicho soporte profesional, no desvirtúa ni desliga la participación directa y concreta que tuvo la imputada en la fase previa al contrato, más cuando los documentos precontractuales firmados por ella previamente”, sostiene el Ministerio Público.  

“Fue tal el desconocimiento y violación de normas en que incurrió con su comportamiento la investigada que en contravía de lo consagrado por las normas que se le citan como violadas, utilizando la misma modalidad de contratación, adquirió bienes y servicios adicionales que la misma ley no permitía ser contratados a través de ese mecanismo de selección, es decir, contratación directa, cuando para garantizar la libre concurrencia, debía surtir un proceso mediante una modalidad distinta”, insistió.

Por último, la Personería Municipal compulsó copias para investigar, en un proceso independiente, a la jefe de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué, Jennifer Aya Bonilla, quien defendió este cuestionado contrato indicando que se trataba de un contrato “todo incluido”.

Denunciarán en la Fiscalía al alcalde Guillermo Alfonso

El abogado Ernesto Espinosa, representante de la empresaria Carolina Barrios, anunció que, tras conocerse esta sanción de la Personería de Ibagué en contra de la secretaria de Cultura, Cristina Prada, radicará una denuncia penal para que se investigue la participación del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y de la secretaria de Cultura, Cristina Prada.

“Siguiendo el mismo hilo conductor, esto es, la violación del principio de transparencia por cuanto no era posible acudir a la modalidad de contratación directa en esta clase de contratos, deberá investigarse, juzgarse y sancionarse al señor Guillermo Alfonso Jaramillo y a la señora Johana Cristina Prada Quiroga”, manifestó Espinosa en diálogo con EL OLFATO.

Por último, Espinosa solicitó a la Procuraduría y a la Fiscalía que tomen cartas en el asunto, se dice en la denuncia que están dispuestos a ir a declarar para que se investiguen y sancionen a los verdaderos responsables. 

Terminó diciendo que “es una lástima que ese señor no hubiese sido lo suficientemente caballero, pues permitió que destituyeran a una de sus funcionarias solo para seguir posando de transparente cuando en realidad es todo lo contrario. Él, si es quien finge ser, debería decirle la verdad a los ibaguereños y asumir como hombre sus responsabilidades. Es de caballeros reconocer las equivocaciones y pagar por ellas”.