Sancionan al Ibal y a la Alcaldía de Ibagué por contaminación de quebrada

Cortolima dejó en firme pliego de cargos en contra de la Alcaldía de Ibagué y el Ibal, por la contaminación de la quebrada Guacharacos ubicada en el sector Tierra Linda y Praderas de Tierra Linda de la ciudad. Asimismo, determinó que las dos entidades deberán pagar multas, que al sumarlas ascienden a los $105 millones.

La medida surge de un caso que empezó en 2017, cuando la autoridad ambiental abrió un proceso en contra del Ibal por la generación de vertimientos de aguas residuales sin tratamiento a la quebrada, lo que generó malos olores provenientes de la red de alcantarillado.

Además, se le atribuyó falta de conexión de aguas residuales y mal estado del alcantarillado. 

Por su parte, al Municipio se le vinculó por permitir asentamientos irregulares sobre la ronda hídrica de la quebrada Guacharacos, lo que generó contaminación por mala disposición de residuos sólidos y escombros.

“Eso ha ocasionado impactos frente a la disminución y eliminación de la cobertura vegetal e intervención del cauce de la quebrada”, se describe en resolución de la CAR.

La responsabilidad es de un ‘tercero’

Durante el proceso, que completa seis años, el Ibal se ha defendido argumentando que la contaminación surge de los mismos habitantes, que no tienen una cultura en el manejo de residuos, por lo que se precisa que el hecho de un tercero, en ese caso la comunidad, debe eximirlos de la responsabilidad.

El abogado del Ibal señaló que “a pesar de que (la entidad) no fue la causante de estos hechos de investigación, sí actuó en pro de la comunidad y de la eficiente prestación del servicio, realizando labores de lavado, sondeo y aspirado al alcantarillado para corregir el problema”, se describe en la resolución del 27 de septiembre de 2023. 

Mientras que desde la Alcaldía de Ibagué se expone que los asentamientos irregulares son responsabilidad de quienes construyeron sin permiso en zona de protección de la quebrada, y que a su vez son quienes generaron los vertimientos, y no son causados por el ente territorial.

Sin embargo, para Cortolima no es válido trasladar las responsabilidades a un tercero, ya que en el caso del Ibal es la encargada de garantizar que las normas en temas de vertimientos se cumpla, además, debía garantizar la estructura adecuada para la correcta descarga de los vertimientos, del mismo modo, debía exigir que se hicieron en la red de alcantarillado. 

Y con respecto a la Alcaldía se precisa que “si no hubiera mantenido su actitud omisiva y descuidada frente a las áreas de protección de su territorio, no se hubiera desplegado una inadecuada disposición de residuos sólidos y escombros domésticos al margen de la zona protectora de la quebrada”.

Por ello, la Corporación confirmó declarar responsable al Ibal de permitir generación de vertimientos de aguas residuales en la quebrada Guacharacos y lo sancionó con un pago de $49 millones, mientras que la Alcaldía deberá cancelar $56 millones. 

Contra esta decisión ya no procede recurso alguno, teniendo en cuenta que se agotó el procedimiento administrativo.