Recursos para la construcción del Centro Regional de Víctimas seguirán en Ibagué: alcalde Hurtado

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, anunció que los más de $ 2.000 millones que se requieren para construir el Centro Regional de Atención a Víctimas seguirán en las arcas del Municipio. 

Esto lo afirmó luego de que la Procuraduría General de la Nación le pidiera culminar esas atrasadas obras, que debían haber quedado listas en enero de 2020. (Ver: Procuraduría pidió a la Alcaldía culminar obras del Centro Regional de Atención a Víctimas en Ibagué)

De acuerdo con el mandatario, tras la gestión hecha con el representante a la Cámara Jaime Yepes se logró que la Unidad para las Víctimas continuara dejando a disposición de la Administración Municipal esos recursos, con el fin de ejecutar el proyecto que busca beneficiar a más de 50.000 personas en la ciudad. 

Hoy, junto con el representante @Jaime_Yepes_M, logramos ante la @UnidadVictimas, en cabeza de @RamonRguezA, que los recursos por más de $ 2.000 millones, se queden en la ciudad para garantizar la realización del proyecto que beneficiará a más de 50.000 personas de toda la región pic.twitter.com/c5GVOzINGv

— Andrés Hurtado (@Andreshurtado_7) October 19, 2021

A la vez, Hurtado aprovechó para lanzarle dardos al exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien según él, permitió que esa iniciativa se convirtiera en otro elefante blanco. (Ver: Centro Regional de Víctimas en el Tolima se convertiría en un nuevo 'elefante blanco')

"Es con hechos y no con palabras que se demuestra el amor por Ibagué. El Centro Regional de Atención a Víctimas debía ser entregado en febrero de 2020 y por el incumplimiento e irresponsabilidad de la anterior administración, quien NO construyó las obras en el tiempo establecido, este se convirtió en otro elefante blanco", dijo. 

"Acá sacamos pecho por las cosas que se hacen y se terminan con éxito y no por las que se dejan abandonadas", añadió. 

Y es que ya van casi tres años de retraso en la ejecución de esas obras, cuyo contrato tenía como fecha de inicio el mes de abril del 2019.

Según el Ministerio Público, "en la actualidad presenta un avance del 24% de ejecución y permanece en completo abandono a la espera de un nuevo proceso licitatorio".

El consorcio Betar, que se había quedado con ese contrato, incumplió. Por tanto, fue sancionado con una multa de $230 millones.