Procuraduría Ambiental urge a las autoridades sanitarias a tomar medidas frente a los acueductos comunitarios en Ibagué

El procurador Ambiental y Agrario del Tolima, Daniel Rubio Jímenez, hizo un fuerte llamado a la Secretaría de Salud de Ibagué para que tome las medidas sanitarias y proceda al cierre temporal de los acueductos comunitarios que no están cumpliendo con prestar el servicio de agua potable a los usuarios.

Según el vocero del Ministerio Público, el 20% de los ibaguereños toman agua cruda y en el caso del acueducto de Acuarricaurte con "protozoarios", animales que se alojan en el páncreas y el hígado que son resistentes al cloro y a los antibióticos.

"Consumen agua que contienen protozooarios (animales) que se alojan dentro del organismo y que son resistentes a los antibióticos. Estamos a la espera de que la autoridad sanitaria, así como cierra los restaurantes que venden alimentos en descomposición, proceda al cierre temporal del acueducto Acuarricaurte que está entregando el agua en estas condiciones a cerca de 5.000 personas de la ciudad de Ibagué", dijo el Procurador Ambiental.

Y agregó: "Si eso no se hace, la Procuraduría Provincial debe tomar cartas en el asunto".  

De igual manera, Rubio cuestionó el proceder de la Administración Municipal que se ha dedicado a contratar estudios y diseños para postegar la soluciones en materia de acueducto y alcantarillado.

"En Ibagué, 100.000 personas toman agua cruda y al Municipio eso no le interesa, es más, parece que es un tema estructural y al parecer, prefiere dejárselo a la siguiente Administración, porque nos dicen y así nos lo han planteado que tiene más o menos 90 acciones populares por cumplir que costaría aproximandamente $500.000 millones y que no tiene los recursos para hacerlo y se dedica más bien a contratar consultorías de estudios y diseños y con eso le contesta a los jueces", puntualizó.

Por otra parte, hizo referencia a la falta de una política pública para que sea la hoja de ruta y guíe las inversiones en agua potable y alcantarillado en el tiempo. 

"No hay un política pública de agua potable y saneamiento básico. Aquí las inversiones del sistema general de participaciones para estos subsectores y de los ingresos propios del Municipio se priorizan al arbitrio del secretario y del alcalde de turno. Aquí no hay una política trazadora a largo plazo que indique cuáles deben ser las prioridades en acueducto y alcantarillado", señaló.

Por último, el representante del Ministerio Público reiteró su llamado a las autoridades sanitarias para que se tomen las medidas.

"Esta es una de las pocas ciudades del país en la que el 20% de sus habitantes toman agua cruda y más o menos cinco mil que, además, toman agua cruda que contiene protozoos que se ubican en el páncreas e hígado de los ciudadanos, y reitero resistentes a cloración y los antibióticos, generando unos problemas de salud pública que tendrán unos costos presupuestales inmensos y en la salud de sus habitantes, muy complejos y difíciles", concluyó.

Las declaraciones dle funcionario se dieron en el marco de la mesa de seguimiento realizada por la Contraloría General con respecto al  avance de las obras del acueducto complementario y que requerirá $22.100 millones adicionales para culminar la fase II del proyecto.